El fiscal pide más de 11 años de cárcel para Castellanos y sus directivos

La denuncia que arranco en 2016 con José Ramón Lete como presidente del CSD, más de seis años después y con José Manuel Franco en la presidencia, más dos presidentas entre medias, tiene posibilidades de llegar a su fin y acabar con el presidente de la Federación Española de taekwondo, Jesús Castellanos, en el banquillo de un Juzgado de Alicante, escoltado por su colaboradores y también cargos directivos y acusados Miguel Pérez Otin (tesorero/gerente), José María Pujadas (secretario general) y Alicia Sáncho (gerente), más Victorino Pizarro, presidente de la Federación Valenciana en aquel tiempo.

El fiscal, en más de 100 folios, desgrana con todo detalle lo que considera averiguado en este tiempo, y estima que cocurren para los acusados varios delitos: delito de fraude en subvenciones, delito continuado de falsedad en documento mercantil, delito de administración desleal, y delito continuado de apropiación indebida a lo largo de los años para quedarse con la dotación del Consejo Superior de Deportres para actividades deportivas, que los acusados habrían desviado para su benefio personal.

Por la suma de tres penas, para Castellanos, Perez y Pujadas, se solicitan once años y cuatro meses de cárcel y una multa solidaria de 1,5 millones de euros. Para Alicia Sancho, que habría cometido los posibles delitos sólo en 2015, dos años de cárcel, y 21 meses para Pizarro. Respecto a la responsabilidad civil, los tres primeros acusados deberían hacer frente, en opinión del fiscal, a indemnizar de manera solidaria con 664,726 euros al CSD; a ellos se debe unir Alicia Sancho para indemnizar a la Federación Española con 387.817 euros, limitados en 75.081 a la gerente por llevar poco tiempo en el cargo. Para Pizarro, la responsabilidad civil se estima en 9.000 euros. Además, se pide la inhabilitaciòn para que puedan ocupar puestos federativos.

El fiscal propone a más de treinta testigos, entre entrenadores, trabajadores, responsables de clubes, directivos, y policías para que se les tome declaración en el juicio y también entiende que se le deben ofrecen acciones de acusación, además de las ya personadas, a la Federación Española y a la Valenciana, y se estima que se señale el juicio oral en el primer semestre del año 2023.

Pese al conocimiento de esta investigación por parte del CSD, que está en la acusación, Castellanos es el actual presidente de la Federación Española, dado que en mayo de 2021 fue elegido para un quinto mandato de cuatro años, y mantiene en el cargo a Pujadas, como secretario general, y a Sancho, como gerente, utilizando los resortes de la Federación para su propia defensa, e incluso podría obtener alguna ventaja dado que el fiscal abre la posibilidad a la Federación Española a renunciar a la indemnización por responsabilidad civil. Es más, en este momento y si el CSD no lo arregla, el propio Castellanos es quien debe decidir sobre la acción que se le ofrece a la Federación Española como acusadora frente a él y dos cargos directivos actuales,