El fiscal pide 12 años a una acusada de la red para el dopaje de culturistas

El fiscal Emilio Miró ha mantenido este martes en el juicio su petición de 12 años de cárcel para una acusada de integrar una organización de tráfico de sustancias dopantes prohibidas para deportistas, especialmente culturistas, con sedes en las provincias de Alicante, Málaga y Valladolid.

La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio en el que el fiscal ha rebajado de 4 a 1 año su petición para el culturista J.M.M.B., al estimar que se ha acreditado que cometió el delito contra la salud pública en relación con las sustancias dopantes, pero que no formaba parte de la organización, por lo que ha retirado para él la acusación de integración en grupo criminal.

En su informe, el fiscal ha estimado que en el juicio se ha acreditado la existencia de este grupo con sedes en Denia (Alicante), Málaga y Valladolid, sobre todo con la confesión de los hechos por parte de diez acusados que, fruto del acuerdo de conformidad que alcanzaron al comienzo de la vista este lunes con la Fiscalía, han aceptado ser condenados a penas de entre 1 y 2 años de cárcel.

Ha recordado que la causa se inició a raíz de que la Guardia Civil recibiera el 10 de junio de 2016 una comunicación del Observatorio de Medicamentos de Francia sobre la intervención en el aeropuerto de París Charles de Gaulle de unos envíos postales con origen en China y destino España, que contenían sustancias prohibidas en el deporte, en concreto 600 viales con hormona humana de crecimiento (HGH).

Ha añadido que se comprobó que tres de los implicados que residían en Denia (Alicante) recibían principios activos y excipientes de empresas farmacéuticas de China e India, contrataban el cartonaje y envoltorios y los remitían a otros cinco acusados que se encontraban en la provincia de Málaga, que los manipulaban, envasaban y devolvían algunos a los primeros.

Todos ellos distribuían supuestamente las sustancias preparadas tanto en los centros deportivos en los que trabajaban o practicaban el culturismo o a otras personas con las que contactaban telefónicamente o a través de internet a cambio de dinero. Otros dos acusados recibían en Valladolid sustancias preparadas en Denia y Málaga y las distribuían también, ha relatado el fiscal.

El 7 de marzo de 2017 se llevaron a cabo registros de domicilios y locales de los investigados en Denia, Valencia, Gandía (Valencia), Mijas, Fuengirola y Benalmádena (Málaga), así como de Valladolid, donde fueron intervenidos envases con sustancias como gonadotropina, insulina y factor de crecimiento. En Benalmádena los agentes encontraron también un inmueble que era usado como lugar de almacenamiento, fabricación y acondicionamiento de suministros de sustancias.

Además, en el domicilio de T.M.P. en Fuengirola fueron intervenidos más de dos kilos de cocaína valorada en 71.723 euros, siempre según el fiscal, que ha estimado que no cabe apreciar la atenuante de drogadicción alegada por la acusada ni apreciar que era para su consumo dada la importante cantidad de droga incautada. La abogada de T.M.F. ha pedido la absolución de su defendida al estimar que no se ha probado que participara en las actividades de tráfico de producto dopantes del grupo.

También ha considerado que el procedimiento es nulo al partir de unas medidas como las intervenciones telefónicas injustificadas. Por su parte, el letrado de J.M.M.B. ha pedido igualmente la absolución de su representado y ha alegado que tan solo se le incautó en su domicilio de Valencia una caja con una sustancia para su propio consumo, ya que era culturista de élite, “lo que podría ser una conducta no ética pero no delictiva”.

De forma alternativa, para el caso de que fueran condenados, ambos abogados han pedido que se les aplique las circunstancias atenuantes de drogadicción y de dilaciones indebidas en el procedimiento.