Todos lo sabían, pero todos callaron

Urdangarín entró en el Comité Olímpico Español (COE) en abril de 2001 y cinco meses después inició su carrera profesional como director de planificación y desarrollo en empresas de promociones deportivas, función que le servía para su beneficio personal. Pero ahora que ha pasado de miembro del COE a vicepresidente primero, otros dos vicepresidentes, Rafael Blanco y Juan Álvarez, piden que el nuevo cargo de Urdangarín sea incompatible con sus negocios deportivos. Así debiera ser por pura lógica, pero los estatutos sólo recogen su incompatibilidad con "la condición de miembro de las Juntas de Gobierno de cualquier Federación Deportiva".

Los estatutos del COE, inspirados en antiguos principios éticos, no han reparado en que las nuevas profesiones pueden plantear incompatibilidades con los cargos directivos de su organismo, aunque no sean remunerados. Y eso que los estatutos son periódicamente revisados; precisamente en la asamblea del pasado lunes, en la que fue nombrado Urdangarín vicepresidente sin una sola voz en contra, se aprobaron varios cambios. Ni uno solo hacía alusión a la incompatibilidad a la que ahora se hace referencia. No sería porque nadie sabía a qué se dedica Urdangarín. En los dos años y diez meses que lleva en el COE a nadie ha ocultado su profesión. Es más. Entre sus clientes ha estado la Federación de Motociclismo, cuyo presidente Álvarez ahora reclama la incompatibilidad de Urdangarín después de ratificarle en la asamblea. Y algunas federaciones que no lo son acusan a la empresa de Urdangarín de competencia desleal por la influencia que éste pudiera ejercer para solicitar patrocinios. Pero no nos engañemos.

Si Urdangarín es vicepresidente del COE se debe únicamente a su peso como miembro de la Casa Real, no a su condición de ex jugador de balonmano. Ese influjo lo va a poner al servicio del deporte español, pero sería bueno que sin la más mínima incompatibilidad moral.