“Aún no ha nacido el Guardia Civil que leerá el último de estos emails”
La UCO se llevó de la Federación más de cinco millones de documentos enviados por correo electrónico entre las 24 cuentas investigadas por la magistrada Delia Rodrigo, que examina todos los contratos de la ‘era Rubiales’ entre 2018 y 2023.
“Aún no ha nacido el Guardia Civil que leerá el último de estos emails”. Esa fue la conclusión de uno de los agentes de la UCO tras abandonar la sede de la Federación (RFEF) con los ordenadores y discos duros de 24 cuentas de correo electrónico tras el registro ordenado por la magistrada Delia Rodrigo, titular del Juzgado Número 4 de Majadahonda. A las 9:05 horas de la mañana del pasado miércoles, una unidad de la Benemérita entró en la Ciudad del Fútbol junto a dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y un policía de Europol. Lo hicieron escoltando a tres de los detenidos: los hermanos Pedro y Ángel González Segura y a José Jiménez. A las 3:33 de la madrugada del jueves, los primeros agentes de la Guardia Civil salieron de Las Rozas con los detenidos. El último de los agentes lo hizo ya de buena mañana, a las 6.19 horas.
Al otro retenido, Tomás González Cueto, el asesor legal de la RFEF, le arrestaron en su despacho, en la calle Sor Ángela de la Cruz, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, donde se realizaba a la misma hora otro de los registros judiciales que también se repitieron en Sevilla, Málaga y Granada, en el domicilio de Luis Rubiales, presidente de la Federación, al que la ‘Operación Brody’ le pilló en República Dominicana, país en el que emprende negocios relacionados con el beisbol, un deporte que ha descubierto junto a su buen amigo Javier Martín Alcaide, Nené', otro de los investigados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal.
“A la jueza se le hincharon las narices”. Esa es la conclusión de un añejo empleado de la Federación que sospecha que la oleada de registros fue consecuencia “de hacerse los locos durante largo tiempo con los requerimientos judiciales para aportar la documentación reclamada”, papeles que afectan, sobre todo, a los contratos con Arabia Saudí, a los firmados con la Junta de Andalucía por el estadio de La Cartuja, y, supuestamente, también a distintos contratos y facturas, emitidas y luego anuladas, con países exóticos, como Mauritania y la República de Mauricio para la cesión de los derechos de emisión de la Copa del Rey. Y medio de todo esto, también, supuestamente, un mercadeo con criptomonedas.
Esos cinco millones de emails tardarán en ser despiezados por la Guardia Civil, de ahí que uno de sus miembros sospeche que el compañero que cerrará la investigación aún está por nacer. No sería extraño: La ‘Operación Soulé’ que acabó con el ex presidente Ángel Villar detenido, aún no ha terminado. El juez Santiago Pedraz lleva más de seis años con el asunto y aún no ha abierto juicio. De hacerlo tendrán que desfilar por la Audiencia Nacional la mitad de los actuales presidentes de las Federaciones Territoriales y la otra mitad que ya perdió tal condición. Precisamente entre estos barones territoriales existe el convencimiento de que la entrada de la Guardia Civil, por segunda vez, en la casa del fútbol ha sido la consecuencia de no hacer las cosas “con la transparencia debida”, por decirlo finamente. Tanto es así que a Rubiales, entre sus compañeros, se le conocía familiarmente como “el sin techo”. Pero no por falta de una casa, ni de dos, en la que cobijarse, sino por su ambición sin límites.
La ‘Operación Brody’, que toma su nombre de una batalla de carros blindados en la Segunda Guerra Mundial previa a la ‘Operación Barbarroja’, que concluyó con la infausta invasión nazi de la Unión Soviética, podría ser, efectivamente y como gráficamente ha revelado Javier Tebas, la punta del iceberg. Porque la magistrada Rodrigo, ya metida en faena, quiere escudriñar todos los contratos firmados por la Federación durante el mandato de Luis Rubiales, que alcanza desde la primavera de 2018 hasta la de 2024.
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