Blasco y García Osuna negocian un acuerdo para rebajar sus penas y evitar entrar en prisión
La Fiscalía pide hasta 7 millones de euros de indemnización y 80 años de prisión por presuntos delitos apropiación indebida, falsedad en documento público y administración desleal.
La próxima semana, la Audiencia Provincial de Castelló se convertirá en el epicentro de uno de los juicios más esperados en el ámbito deportivo y judicial de la provincia. Los principales sospechosos del presunto expolio que sufrió el C.D. Castellón entre los años 2005 y 2010 se enfrentarán a graves acusaciones.
Entre los procesados se encuentran el exconsejero delegado del club, Antonio Blasco, quien se enfrenta una pena acumulada de 23,5 años; el ex gerente, Miguel Á. Ludeña, con 13,5 años; el ex máximo accionista de la entidad, José Manuel García Osuna y el ex secretario Álvaro Rodríguez Hessles, ambos con 10 años; y el ex directivo Jesús Jiménez, con 2,5 años.
Las acusaciones incluidas en este procedimiento judicial son serias. Los imputados enfrentan cargos por apropiación indebida, falsedad en documento público, administración desleal y otros delitos societarios. Según las investigaciones preliminares, se estima que el perjuicio económico causado al C.D. Castellón supera los siete millones de euros.
La fiscalía ha solicitado, como parte del proceso judicial, la devolución de esta suma significativa de dinero que el club tiene pensado reinvertir en la construcción de su futura ciudad deportiva, un proyecto que podría revitalizar el entorno social y deportivo de la región.
En medio de este clima de tensión, y a la espera del juicio, fuentes cercanas a la causa han asegurado a Diario AS que los acusados estarían en negociaciones para alcanzar un acuerdo económico que les permita reducir las penas y evitar la cárcel.
Un posible acuerdo podría incluir el pago de una indemnización económica a la entidad afectada, lo que representaría una vía para reponer parte del daño ocasionado al club. Este tipo de arreglos no son infrecuentes en el sistema judicial español, y los implicados podrían optar por esta opción como una forma de asumir la responsabilidad de sus actos, aunque esto finalmente dependerá de las decisiones del juzgado.
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