Un juez pide explicaciones al Gobierno sobre las elecciones en la RFEF

Las elecciones la Federación se ponen cada vez más tensas. Todas las miradas se fijan en el Consejo Superior de Deportes y en el Tribunal Administrativo del Deporte, a quienes les han pedido desde la RFEF y la oposición (Salvador Gomar, barón valenciano y precandidato) que aclaren si se pueden convocar los comicios desde la Comisión Gestora o se debió hacer antes unas elecciones extraordinarias a la presidencia tras la dimisión de Luis Rubiales el pasado mes de septiembre. A esto, ahora se suma un auto judicial, el cual solicita a CSD y TAD un informe que aclare si habían eximido al ente federativo de votar con la actual Asamblea al sustituto de Rubiales.

El camino para encontrar al nuevo presidente de la Federación no está siendo nada fácil, ni tiene pinta de que vaya a serlo. El Caso Rubiales y lo tocada que quedó la imagen del fútbol español a nivel internacional llevó a que el Gobierno reclamase a la RFEF que hubiera un nuevo presidente cuanto antes para regenerar dicha institución. El paso natural, según el artículo 31.8 de los estatutos, era convocar a la Asamblea y que se votase al sucesor de Rubiales, ya que Pedro Rocha inicialmente ejerció de interino y después de presidente de la actual Comisión Gestora. Pero ante la celeridad de pedir un nuevo mando en la RFEF, esta solicitó al Gobierno poder adelantar las elecciones ordinarias (que por ley se deben convocar sí o sí en año olímpico) al primer cuatrimestre de 2024. Con el aval del CSD y del TAD de anticipar estos comicios, se entendió que era viable saltarse el paso de convocar a la Asamblea para votar al nuevo presidente. Se decía que no tenía sentido celebrar dos elecciones en menos de nueve meses. Ahora, el problema con el que se encuentra la Federación es ver si es legal simplificar dicho proceso, a pesar de haber tenido el visto gubernamental. O, si hay que empezar de nuevo el camino y convocar las elecciones por partido doble: primero nombrar a un nuevo presidente con la actual Asamblea, luego convocar elecciones a la Asamblea y, por último, nombrar otra vez a un nuevo presidente.

Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE, lleva reclamando desde el pasado mes de septiembre que se debía seguir a pies puntillas lo que dicen los estatutos. Convocar en dichas fechas elecciones a la presidencia y ahora en 2024 las ordinarias. Es más, denunció ante el TAD que la Comisión Gestora no lo hiciera y que el CSD lo permitiera. Ahora, Galán ha llevado esta situación hasta el Juzgado Central Contencioso-Administrativo Nº7 de Madrid, el cual ha pedido al Gobierno que aclare la situación. “Solicitar oficio de un informe al Consejo Superior de Deportes y al Tribunal Administrativo del Deporte, en el que aclare si la resolución recurrida del 11 de octubre de 2023, del Consejo Superior de Deportes autorizando a la Real Federación Española de Fútbol a celebrar las elecciones ordinarias cuatrianuales 2024-2028 en el primer trimestre de 2024, exime de cumplir el trámite previo de cumplir con el artículo 31.8 de los estatutos de la RFEF de las elecciones 2020-2024″, dice el auto judicial al que ha tenido acceso AS.

La situación es de desconcierto. La RFEF, que quiere celebrar elecciones cuanto antes como se comprometió con el Gobierno, ha pedido al Consejo Superior de Deportes y al TAD que se mojen. El fútbol español está a las puertas de meses muy importantes: se juega la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y se deben tomar decisiones muy importantes para el Mundial 2030. Por ello, quieren que exista un presidente electo para finales de mayo y acabar de una vez por todas con esta situación de inestabilidad. De ahí que hace unas semanas la Federación enviara un escrito al CSD pidiendo que se pronuncien sobre si la Comisión Gestora puede convocar o no las elecciones. O, si al contrario, se debe iniciar el proceso de los dobles comicios. Desde el CSD afirman a este periódico que están haciendo “lo que nos corresponde a nivel procedimental”. Están a la espera de que la RFEF les remita su reglamento electoral para pedir un informe al TAD y que después la Comisión Delegada del CSD pueda validarlos o no. Un galimatías burocrático que puede enrevesar todavía más el proceso electoral y retrasarlo.