Sánchez Arminio rechaza declarar; Villar dice que los fondos no eran finalistas

Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la Operación Soule, Alejandro Abascal, dentro de la investigación por un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros para gastos arbitrales.

Sánchez Arminio estaba citado para hacerlo junto a Raúl Massó, ex secretario general de CTA, después de que ambos hubieran declarado previamente como testigos en la instrucción del caso, y junto a Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según fuentes consultadas por EFE, Villar afirmó ante el juez tener funciones institucionales, pero no ejecutivas, en relación con los árbitros y defendió que los fondos que se analizan no tenían carácter finalista y podían ser utilizados en la manera en la que el Comité lo considerase.

Por su parte, Raúl Massó aseguró no tener función sobre ese dinero y declaró que eso correspondía a Sánchez Arminio.

Villar y Sánchez Arminio llegaron juntos, con sus abogados, a las 09:09 horas a la Audiencia Nacional y salieron a las 10:23 acompañados de Massó y de la defensa de los tres. Ni a la entrada ni a la salida quisieron hacer declaraciones a los medios y, posteriormente, todos se reunieron en una cafetería cercana que abandonaron en torno a las 11:00.

Las declaraciones de este lunes en la Audiencia Nacional estaban previstas inicialmente para el 3 de abril, pero fueron pospuestas a petición de las defensas de los investigados en la operación Soule, que se inició en julio de 2017 por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares de exdirectivos de la RFEF.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al ahora instructor del caso, Alejandro Abascal, estas nuevas declaraciones al estimar un recurso de LaLiga, -que el juez rechazó inicialmente- respaldado por la Fiscalía, para investigar un posible desvío de fondos pagados por LaLiga a la RFEF para gastos arbitrales, en función de los convenios de colaboración suscritos entre amas en 2006, 2010 y 2014.

Para la Fiscalía, los informes periciales de la operación Soule “revelan que las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales, exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que no han sido destinados a su fin”.

La anterior directiva de la RFEF considera que todo lo recibido de LaLiga se dedicó al arbitraje con la autorización de los propios colegiados, que lo aprobaron en una reunión de preparación de la temporada 2010-2011, al considerar esa cantidad les correspondía por la prestación de un servicio.