Sánchez Arminio pide a la Audiencia Nacional salir del caso

El expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive para él el caso Soule, donde se ha investigado a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y en el que fue imputado en relación a un presunto desvío de fondos. El juez que está a cargo de esta causa, Alejandro Abascal, dio hace unas semanas por concluida la instrucción de este caso, donde imputó por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Sánchez Arminio y al ex secretario general del CTA Raúl Massó para investigar un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.

Sánchez Arminio compareció en calidad de investigado el 17 de abril en la Audiencia Nacional en compañía de su abogado, Víctor Martínez Patón. Tanto el exjefe arbitral como Raúl Massó se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez. Unas semanas después, el juez acordó poner fin a la investigación del caso, en el que también está imputado el expresidente de la RFEF Ángel María Villar, y rechazó asimismo las peticiones de Sánchez Arminio y Massó de archivar el caso para ambos.

Lo hizo, según indicó en su auto, al considerar que no era el momento procesal oportuno para decretar el archivo para ambos exdirigentes arbitrales, ya que eso se decidirá cuando dicte el auto de procesamiento. Un argumento con el que ha discrepado quien presidiese el Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2019, que ha presentado recientemente un recurso ante la Sala de lo Penal donde expone todos los argumentos que, considera, avalarían archivar la causa para él, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Y no ha sido el único que ha recurrido esa decisión del juez; también LaLiga, en calidad de acusación, ha pedido a la Sala que revoque el cierre de la instrucción, según ha desvelado el diario Vozpópuli y confirman a EFE las fuentes consultadas.

Esta acusación considera que el último informe remitido por la Intervención General del Estado (IGAE) no aclaró si existió desvío de fondos, ni cuantificó dicho desvío, como indicó en el escrito donde pedía al juez que prorrogase dos meses más la investigación. Una investigación que tiene entre sus principales imputados al expresidente de la RFEF, Ángel María Villar, quien llegó a estar unos días en prisión preventiva tras ser detenido en julio de 2017 ante las sospechas del primer juez del caso, Santiago Pedraz, de haber tejido un “entramado” y una red de “clientelismo” que permitió el desvío de millones de fondos públicos y privados del ente federativo. Fue el pasado mes de marzo cuando la Sala de lo Penal estimó parcialmente un recurso de LaLiga e instó al juez Abascal a interrogar como imputados a los dos exdirigentes arbitrales y también a Villar en relación a un presunto desvío de 7,9 millones de euros.

Anticorrupción aludió a una “presunta desviación de fondos aportados por la LNFP a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos”. Según indicaba, los informes periciales revelan que “las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos” y dicha diferencia no está “justificada”.