Los tres requisitos del Ayuntamiento para firmar el convenio con el Valencia para el Nuevo Mestalla
Un aforo de 70.000 espectadores, una cubierta fotovoltaica y el Polideportivo de Benicalap, tres aspectos fundamentales para la firma de un nuevo convenio
El Ayuntamiento de Valencia pone sus condiciones para reanudar las obras del Nuevo Mestalla encima de la mesa. Tres son las principales premisas que exigirá al Valencia antes de firmar un nuevo convenio, al menos si el club quiere que se le mantengan las ventajas urbanísticas que figuraban en la ya caducada ATE de Mestalla. Tres requisitos que, atendiendo a lo expuesto por el club en las últimas reuniones mantenidas, no están lejos de poder asumirse.
Tras la reunión de Gobierno que han mantenido el alcalde Joan Ribó, la vicealcaldesa y edil de urbanismo Sandra Gómez, la concejar de Espacio Público Lucía Beamud y el regidor de hacienda Borja Sanjuan, el Ayuntamiento ha recalcado sus tres exigencias: un estadio con capacidad para 70.000 espectadores, que se construya con una cubierta fotovoltaica y acelerar la construcción del Polideportivo de Benicalap.
Sandra Gómez manifestó a la salida de la reunión:
“(El Ayuntamiento) trabaja para establecer el marco jurídico urbanístico post ATE, porque tras su anulación se ha generado un vacío jurídico que ahora es competencia del Ayuntamiento de València determinar”.
“Queremos mantener nuestra buena voluntad de que el Valencia pueda tener esos derechos que les van a ayudar a financiar a acabar el nuevo estadio, pero obviamente condicionando todos esos derechos a que realmente sirvan para la financiación del estadio”.
“Tras un incumplimiento no es el momento de empezar una especie de regateo de rebajas en cuanto al aforo que tiene que ser el que estaba previsto, sino que cuando alguien incumple hay que ser más exigente con él”.
“Añadir una cuestión que me parece importante que es el tema de la eficiencia energética, por eso vamos a exigir también que haya unas instalaciones de placas fotovoltaicas”
“(En Benicalap) llevan demasiado tiempo esperando (un Polideportivo) y por eso la posición que defendemos es que sea el propio Ayuntamiento quien desarrolle el polideportivo obviamente previa exigencia de que la financiación la haga la empresa”.
La postura del Valencia sobre los tres requisitos mencionados:
Aforo. Javier Solís habló el miércoles en los siguientes términos: “El estadio tiene un ‘bowl’ para 70.000 personas. Las licencias que se han solicitado en el pasado mes de julio y que están todavía pendientes de contestar son sobre 70.000. Ahora bien, el Club entiende que por el bien de la entidad y los aficionados, debe iniciar con una cantidad de 66.000″.
Cubierta fotovoltaica. El Valencia presentó en febrero un proyecto de nuevo estadio que incluía una cubierta fotovoltaica, que serviría para alimentar energéticamente las necesidades del estadio y también para destinarlo a suministros para la ciudad. Esa idea, por lo tanto, es del Valencia. Eso sí, el Valencia supeditaba la construcción de dicha cubierta a encontrar financiación externa, es decir, empresas interesadas en asumir el coste a cambio de la explotación de las placas.
Polideportivo. El Valencia ya le ofreció la posibilidad al Ayuntamiento de que realizara la obra y el club pagaría la cuantía pactada en anteriores convenios.
Tras estas premisas , Sandrá Gómez dejó las siguientes reflexiones:
“Los múltiples portavoces de Mériton están intentando una vez más presionar a la administración, mezclando los conceptos e intentando decir que tienen el estadio bloqueado por la Administración Pública y son dos cuestiones absolutamente distintas que no me canso de explicar”.
“Meriton tiene hoy la obligación de acabar el estadio con independencia de que exista una buena voluntad por nuestra parte, es absurdo intentar establecer una correlación entre que no acaban el nuevo estadio porque no tienen un convenio”.
Miguel Zorío insiste en que se cometería prevaricación
El ex vicepresidente del Valencia y cabeza visible de Marea Valencianista difundió un comunicado en el que insistía en que “la ley de contratos del estado prohíbe taxativamente volver a firmar un convenio urbanístico con aquel promotor que haya incumplido un convenio (ATE) anteriormente. De hacerlo incurriría en un delito clarísimo de prevaricación”.