Galán denuncia a Tebas por pagar 50€ a quien delate los bares que emiten fútbol pirata

Nueva denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLiga. Mientras el Tribuanl Administrativo del Deporte (TAD) investiga si el dirigente desveló información confidencial del Barcelona, se le abre otro frente legal. Esta vez en relación a su lucha contra la piratería. Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado un escrito denunciando a Tebas por dos infracciones muy graves por la campaña en la que ofrece 50€ a todo aquel que desvele qué bares emiten fútbol pirata.

Galán, que con sus denuncias provocó la caída de Villar, Rubiales y Rocha, vuelve a la carga contra Tebas. En esta ocasión, el nuevo escrito apunta a dos presuntas infracciones muy graves según recoge la Ley del Deporte. Se trata de dos decisiones que el denunciante califica de abuso de autoridad. El primero es por la campaña de ofrecer 50€ a todo aquel que desvele en qué bares se emite fútbol pirata; el otro cargo viene por los correos que envía a usuarios finales que han detectado que consumen ilegalmente el fútbol y les reclama una cuantía para no denunciarles.

Campaña contra los bares ilegales

LaLiga presentó en enero una línea de ataque al fútbol pirata. Esta vez dirigida a los bares que emitían el fútbol de manera ilegal. La patronal ofrece 50€ a todo aquel que denuncie un bar que lo emita sin tener los derechos y se demuestre. Algo que Galán califica como abuso de autoridad de Javier Tebas.

“La petición a la ciudadanía para que denuncie a bares y la promesa de una gratificación de 50 euros por denuncia ‘válida’ encaja, aplicada a un presidente de liga profesional, en el núcleo de lo que el TAD y la Ley del Deporte califican como infracción muy grave por abuso de autoridad y extralimitación de potestades, a la luz de los precedentes de Rocha, Villar, Rubiales y del propio Tebas”, apunta el escrito al que ha tenido acceso AS. Que asegura sobre las competencias del presidente y la patronal: “Desborda los fines del ordenamiento deportivo y del propio objeto estatutario de LaLiga, que se centra en organizar y explotar competiciones profesionales y sus derechos, no en promover redes de informadores pagados contra un sector económico concreto”.

Además, para asegurar que se trata de una infracción muy grave y que debe conllevar la inhabilitación, apela al daño reputacional del deporte. Un hecho similar que se argumento para la caída de Rubiales, expresidente de la RFEF. “Es defendible que la conversión de la ciudadanía en “cazadores de bares” remunerados por la patronal de clubes es una actuación que proyecta una imagen incompatible con los valores de integridad, juego limpio y respeto que la propia Ley 39/2022 y los códigos éticos federativos exaltan. Se pasa de un modelo de integridad basado en la cooperación institucional a un modelo de “chivataje subsidiado” que sitúa al fútbol profesional en una lógica de persecución económica agresiva, dañando gravemente su imagen. [...] En Rubiales, el TAD descarta la amonestación o multa y opta por la inhabilitación porque los hechos, además de su carga simbólica (beso no consentido, gestos obscenos), causan un “daño irreparable” a la imagen del fútbol y generan una percepción social de abuso de la posición de poder".

E incide en el abuso de autoridad: “La campaña no se limita a ejecutar un mandato legal o estatutario concreto, sino que reconfigura la manera de perseguir conductas ilícitas: se crea un sistema privado de delación pagada que no está previsto en la Ley del Deporte ni en los Estatutos de LaLiga, se compromete la imparcialidad del uso de la información obtenida y se invaden ámbitos que corresponden a la Administración (inspección, policía, fiscalización) y a los tribunales”.

Cartas a los consumidores finales

La segunda falta muy grave la argumenta en los escritos enviados desde LaLiga a los consumidores de fútbol pirata que se detectan desde la denominada War Room de la patronal. Según el denunciante, se tratan de “burofaxes intimidantes pidiendo dinero a cambio de no denunciarles”. Así lo defiende Galán: “La remisión masiva de burofax intimidatorios a usuarios finales, exigiendo el pago de 261,65 € ‘amistosos’ a cambio de no interponer acciones judiciales, constituye una segunda infracción muy grave autónoma por abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas delegadas, distinta y adicional a la campaña de delación remunerada, y encajable de nuevo en los arts. 104.1.i), 104.1.j) y 104.2.c de la Ley 39/2022″. Y añade: “Utiliza el prestigio y la fuerza de la institución para doblegar la voluntad de terceros mediante amenazas veladas de ejercicio de potestades (o acciones civiles) desproporcionadas”. A la vez que señala que “el Auto judicial no declara la responsabilidad del usuario ni fija indemnización; sólo autoriza medidas de identificación de IP”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) debe estudiar la denuncia presentada por Galán contra Tebas y decidir si lo eleva al TAD, quien determinará si abre expediente y si dichos actos conllevan la inhabilación o no. Aunque por ahora, el presidente de LaLiga ha logrado salvarse de casi la veintena denuncias que se han presentado en su contra.

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