Arranca el juicio contra Ramírez
El presidente de la U. D. Las Palmas se enfrenta a una acusación de la Fiscalía de Asuntos Económicos que pide una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa.
Por la persona, por los antecedentes y por la acusación, se puede afirmar que hoy 4 de julio arranca uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Canarias. El empresario y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, afronta en la Audiencia Provincial de Las Palmas una causa por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, cifrados en 36,6 millones de euros.
Asimismo, Héctor de Armas, exconsejero de la entidad de Pío XII, quien sustituyó al presidente amarillo como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), implicado en el caso, está acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
Como una representación del sindicato USO, asociación que inició la causa interponiendo una denuncia, se concentraba en la Ciudad de la Justicia para manifestarse en contra del presidente de la U. D. Las Palmas y Héctor de Armas. Por lo que el máximo mandatario accedió al edificio custodiado por la Policía Nacional para evitar el choque entre unos y otros.
Las sesiones del juicio se desarrollarán a lo largo de tres semanas, desde el 4 hasta el 20 de julio de 2023. La Fiscalía de Asuntos Económicos pide para Ramírez una condena de 21 años y medio de cárcel y una multa de 105 millones de euros, mientras que para De Armas solicita 14 años de prisión y una multa de 79,32 millones de euros.
Las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), intentarán demostrar que Ramírez y De Armas utilizaron diversas maniobras para eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social, a costa de mantener la precariedad de sus trabajadores en la empresa SIC.
La instrucción del caso ha estado rodeada de controversia, y las defensas de los acusados presentarán una serie de cuestiones previas centradas en que la causa estuvo contaminada por la presencia del ya condenado juez Salvador Alba con seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental, lo que, según argumentan, afectó la imparcialidad del proceso.