Anticorrupción remite a la juez el informe sobre el aumento patrimonial de cuatro árbitros

La Fiscalía Anticorrupción ha mandado al juez del Caso Negreira un informe que analiza el aumento patrimonial de los árbitros Carlos Clos Gómez, Alejandro Hernández Hernández, José María Sánchez Martínez y Santiago Jaime Latre. El documento, de 55 páginas, detalla las adquisiciones inmobiliarias de todos ellos, algunas pagadas mediante crédito hipotecario. Aunque la Fiscalía no le da demasiado valor al informe.

El teniente fiscal Antonio Romeral ha decidido remitir toda esa documentación al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga los pagos de 7,5 millones de euros del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Enríquez Negreira. La Fiscalía no ha investigado la veracidad del informe, pero lo ha enviado al Juzgado por si considera pertinente unir esta denuncia a la causa. Será la juez quién decidirá si procede la investigación o no. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía consideran que esos papeles tienen poco valor.

Según el informe que analiza el patrimonio y los supuestos pagos al contado de estos árbitros, Clos Gómez dispone de siete inmuebles valorados en su conjunto en más de un millón de euros. Por su parte, Jaime Latre posee un patrimonio inmobiliario de 1,8 millones de euros y Hernández Hernández de alrededor de un millón. Por último, Sánchez Martínez tiene una vivienda valorada en 650.000 euros, tres plazas de garaje y un trastero. Cabe recordar, que los árbitros de media en España cobran unos 300.000 euros, una cantidad que aumenta si tienen rango de internacional, como sucede con varios de los nombres que vienen en el informe. Lo que les garantiza tener poder adquisitivo.

Los árbitros, que no tienen noticias ni de la denuncia ni del traslado de la documentación, niegan cualquier actividad ilícita y están cabreados porque se les acuse o sugiera que han cometido un delito sin que los denunciantes hayan aportado prueba alguna. También aseguran que muchas de las cifras presentadas respecto a los metros cuadrados y de los precios de las adquisiciones inmobiliarias están hinchadas. Y sostienen también que algunas de esas propiedades sí se compraron con la ayuda de distintas hipotecas, desmintiendo las afirmaciones que vienen recogidas en la denuncia presentada ante la Fiscalía.