Caso Soule
Villar, procesado por favorecer a su hijo con contratos de la Federación
Se refiere a una serie de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio a la RFEF de 4,5M€ por la celebración de varios amistosos de la selección con los que habría beneficiado a su hijo Gorka.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por la obtención de una serie de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio a la entidad de 4,5 millones de euros, entre ellos la celebración de varios amistosos de la selección con los que habría beneficiado económicamente a su hijo Gorka.
En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza principal del denominado caso Soule, el juez propone juzgar a Villar por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Junto a Villar, considera que deben ir a juicio otras siete personas físicas y una jurídica, entre ellas el que fuera vicepresidente de la RFEF Juan Padrón y el hijo de Villar Gorka Villar Bollaín.
En su relato de hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Uno explica que entre los años 2007 y 2017 los investigados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón se habrían aprovechado de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente para beneficiar a personas físicas y jurídicas de su entorno. Su actuación se habría llevado cabo mediante la obtención de contratos a su favor con condiciones económicas perjudiciales para la RFEF y también mediante el pago con cargo a la entidad de retribuciones que, o bien no se correspondían con ninguna prestación de servicios, o no se prestaron en las condiciones en las que se había acordado. Todo ello, precisa, habría supuesto un perjuicio a la Federación de 4.514.441,72 euros.
En concreto, relata el auto, al menos desde 2009 Villar, en connivencia con su hijo Gorka, habría impuesto algunas de las selecciones rivales del equipo de España para disputar partidos amistosos. Lo habrían hecho con perjuicio de la Federación y con el fin de beneficiar a Gorka Villar a través de la empresa Sport Advisers SL, mediante la obtención de contratos de las federaciones que resultaban beneficiadas en esos encuentros. Con esta actuación, según el magistrado, la entidad federativa habría sufrido un perjuicio de, al menos, 3.830.000 euros y Gorka Villar habría obtenido unos ingresos, como mínimo, de 366.583,08 euros.
Gorka Villar elegía los rivales de la selección y las condiciones económicas de los encuentros pese a no tener relación laboral con la RFEF
Villar habría llevado a cabo esta actuación, explica el instructor, eludiendo el control y la intervención de todos los órganos competentes de la RFEF y atribuyendo a su hijo tanto la elección de los equipos rivales como la negociación de las condiciones de celebración de los partidos, a pesar de carecer de relación laboral, contractual o poder de representación. “Ello habría permitido a Gorka Villar Bollaín negociar y acordar no solo los rivales, sino también los términos económicos de la celebración de los partidos en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers SL, no obstante conocer que resultaban perjudiciales para la RFEF”.
En ejecución de lo convenido, indica el juez, se habrían celebrado partidos amistosos con, al menos, las selecciones de Corea del Sur en dos ocasiones, otras dos con Chile, así como con Venezuela, Perú y Colombia. Los dos partidos con Corea habrían supuesto, según el auto, un perjuicio a la RFEF de 630.000 euros, mientras que por los dos con Chile se habrían dejado de ingresar, al menos, 3,2 millones.
El escrito detalla otra serie de supuestas irregularidades cometidas por los investigados, como el pago a personas de la confianza de Villar por servicios no prestados o la simulación de la jubilación de la secretaría de este con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad, una actuación que le supuso a la Federación un pago de 235.443,04 euros.
El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, al habla
El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha dicho, una vez que el juez instructor del caso Soule ha dictado el auto que pone fin a la instrucción y en el que aprecia indicios de delito para sentarlo en el banquillo, que lo único bueno de esta historia” es que “al menos” no se le acusa de llevarse “un euro para casa”.
“Al menos no me acusaban de llevármelo calentito”, ha recalcado Peláez en sus redes sociales. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, entiende que “existen indicios suficientes” contra el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol para continuar la causa abierta por un posible delito de fraude en una subvención de 210.000 euros para la remodelación del campo de fútbol de Tanos (Torrelavega).
El magistrado dictó ayer, 13 de enero, un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que también ordena continuar las actuaciones en el caso del exsecretario de la Federación Cántabra Guillermo Nalda por presuntos delitos de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento oficial, relacionados con esa subvención.
El juez da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
Se trata de una de las piezas separadas del denominado caso Soule, una investigación que comenzó en 2017 y en la que se ha indagado la gestión del expresidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones de euros, entre ellos varios partidos de la selección con los que habría beneficiado a su hijo.
En el auto referido a la Federación Cántabra de Fútbol, el juez señala que Peláez, en 2014, recibió, a través de la Federación Española de Fútbol, una subvención procedente del Consejo Superior de Deportes por importe de 210.000 euros para el abono al Ayuntamiento de Torrelavega de una parte de las obras de remodelación de los campos de fútbol de Tanos.
Sin embargo, el magistrado apunta que José Ángel Peláez habría dispuesto de ese dinero para otros fines distintos para los que se concedió la subvención, agotando los fondos en apenas siete meses.
En una publicación en sus redes sociales, Peláez reconoce que la contable de la Federación “hizo numerosos pagos” desde la cuenta en la que se ingresó la subvención “para otros fines”. “Totalmente cierto”, dice.
Y explica que, a su juicio, “la cuestión radica” en si en ese periodo “de casi siete meses” de la cuenta donde se ingresaron esos 210.000 euros se hicieron traspasos a otras cuentas de la propia Federación.
“Parece que lo que se tiene que estudiar es que si hubiéramos tenido ese día” los más de 690.000 euros de la Federación “en una sola cuenta bancaria no habríamos cometido ningún tipo de ilícito”, y “por tenerlos en distintas cuentas bancarias sí“, afirma Peláez. También concluye que “lo único bueno de esta historia” es que no se le acusa de llevarse el dinero “para casa”.
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