El demoledor informe del Ministerio Fiscal contra los Al Thani y sus gestores del Málaga
La fiscalía destapa los sueldos galácticos de los Al Thani y directivos de la época, la compra ilegal de acciones a la familia Puche y los millonarios alquileres de viviendas. Todo a costa del Málaga
El Ministerio Fiscal, en un informe demoledor, refleja la escandalosa gestión de la familia Al Thani y los gestores que trabajaron bajo sus órdenes. Sueldos millonarios, gastos injustificados en viajes, viviendas, hoteles y vivir a todo trapo, compra ilegal de las acciones de Fernando Puche con dinero del Málaga… una gestión vergonzosa.
En un informe firmado por la fiscal María Teresa Moreno, refleja que interesa el dictado de auto de procedimiento abreviado contra Abdullah Al Thani, sus hijos Nasser y Nayef, y anteriores gestores del club: Moayad Shatat, Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre, Roberto Cano y contra las empresas mercantiles Nas Football SLU y Nassir Bin Abdullah and Sons SL como responsables civiles subsidiarios.
En dicho escrito, que consta de 15 folios, se especifica la gestión de los antes mencionados a lo largo de los años. Dice literalmente que los Al Thani: se han venido dedicando de común y previo acuerdo a disponer en su beneficio a lo largo de los años 2012 a 2019 de diversas cantidades de dinero que pertenecían a dicha sociedad sin causa legítima y con ánimo de injusto enriquecimiento vaciando patrimonialmente a la misma aun en épocas en que se encontraba en una situación financiera particularmente delicada, lo que constituía un delito de apropiación indebida previsto y penado en los artículos 253 y 250.1 del Código Penal”.
El siguiente párrafo es demoledor. “Dicha dinámica de injusto enriquecimiento se materializó de formas diversas con la connivencia e indispensable colaboración de quienes ejercían funciones de dirección en la entidad deportiva”. Y cita a Moayad Shatat (vicepresidente hasta 2015), Vicente Casado y Manuel Novo (director general y adjunto respectivamente), Roberto Cano (director financiero) y Joaquín Jofre (director jurídico).Y añade: “En la línea de trabajar al servicio de los administradores y no del club”.
Compra de vehículos
El documento refleja que en noviembre de 2012 Shatat compra al Málaga CF ocho vehículos marca Mercedes, dos BMW y dos Mini Cooper por 500.000 euros que se pagaron por la mercantil Nasir por transferencia a una de las cuentas bancarias del club. Estos vehículos se habían adquirido por el Málaga en años anteriores por 652.766,66 euros. El ingreso de los mencionados 500.00 euros no se hizo constar como tal sino que en el apunte contable ‘ptmo nasir bin abdullah’. A renglón seguido añade. “Tres meses después esa cantidad sale de las cuentas del Málaga de manera que los propietarios vuelven a recibir sus 500.000 euros con lo que acaban siendo propietarios gratis de sus vehículos”.
Otras pinceladas son la existencia de facturas por viajes en avión a Kuwait, California, Dubai, Los Ángeles o en exclusivos hoteles y agencias de viajes pagadas por el Málaga o servicios pagados a beneficio de los propietarios. Y ojo a esto. “Además, entre el 6 de julio de 2015 y 31 de diciembre del mismo año el Málaga Club de Fútbol SAD transfirió, sin justificación documental alguna ni causa legal diversas cantidades de dinero a la entidad NAS Football en exclusivo beneficio de esta última. El importe total de lo dispuesto ascendía a la cantidad de 1.848.229,59 euros”. También se refleja una concesión de línea de crédito para Al Thani por 2.500.000 euros, entre otros aspectos como préstamos a los propios interesados”. Este párrafo lo dice todo. “Consta que el acusado Nasser Abdullah Al Thani usaba las cuentas del Málaga Club de Fútbol como si fueran propias y cargaba en las mismas sus gastos personales en su exclusivo beneficio”.
Viviendas
También se reflejan los costosos alquileres de viviendas en la provincia a costa del club. Una con una renta mensual de 5.000 euros, otra por 12.000 euros, un comedor de caoba por 48.000 euros, jarrones o lámparas por 4.080 euros. “Los gastos generados por el uso y disfrute de la vivienda, que se prorrogó varios años, ascendían en enero de 2023 a 1.351.469 euros”.
En esta misma línea se refleja que se contrató una vivienda unifamiliar por una renta mensual de 5.650 euros que pasó a 13.000 euros tras la firma de un nuevo contrato. Se sufragaron reformas por 505.171 euros y la seguridad de la finca por 635.571 euros o 298.330 euros por limpieza. El gasto total, 2.438.945.11 euros.
Compra de acciones
Uno de los aspectos más enrevesados es el de la compra de acciones a terceros para poder controlar más del 50% del club. Surgió la opción de comprar en pública subasta unas acciones embargadas al expresidente, Fernando Puche Doña. El informe explica que los acusados idearon un plan para comprarlas con dinero del club y en su exclusivo beneficio”.
Bluebay
Otro capítulo. En el verano de 2013 Bluebay se interesó porque el Málaga llevase su logotipo en la camiseta fijándose como contraprestación el pago de 2.600.000 euros. Se refleja que el club “no recibió un céntimo de dicho servicio, ni se reclamó el pago de lo debido ni los pagarés se hicieron efectivos ni se optó al menos por buscar otro patrocinador”.
Retribuciones
En este punto la fiscalía explica como todos y cada uno de los directivos de la época vieron incrementados de manera espectacular sus emolumentos. Aprobaron una retribución de 1.444.738,88 euros a repartir entre los miembros del Consejo de Administración (los Al Thani). El sueldo de Hamyan Al Thani, como responsable del equipo femenino, 167.500 euros. El sueldo de Roberto Cano pasó de 50.100 euros a 81.888.24 euros. Vicente Casado, de 73.333 euros al año a 350.000 euros y una indemnización por despido de 1.500.000 euros. Tras su despido el caso pasó a los juzgados que le concedió como indemnización 82.619 euros. Manuel Novo comenzó percibiendo66.314 euros y pasó a 183.333,26 euros. Joaquín Jofre, de 45.000 euros a 133.232 de salario anual.
La exposición termina de la siguiente: “El fiscal interesa que, con carácter previo al dictado del auto de Procedimiento abreviado, se recaba de la administración judicial el estado de las deudas que, por los diversos conceptos arriba referenciados han incurrido los acusados a los efectos de concretar la responsabilidad civil dimanante del delito”. El documento, fechado a 17 de enero de 2024., lo firma María Teresa Verdugo Romero.