La Audiencia desestima el recurso de Ramírez y será juzgado por un presunto delito contra la Hacienda Pública
La resolución desecha los motivos que planteó el presidente de la UD Las Palmas pidiendo la nulidad del procedimiento.
El juez de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria por el que se acordaba la apertura del procedimiento por un supuesto delito contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
Aquel auto, publicado el 16 de junio de 2020, acordó seguir adelante con las actuaciones por los trámites de procedimiento abreviado por un presunto delito de defraudación tributaria.
Por su parte, la representación del presidente amarillo interpuso un recurso de apelación pidiendo que se reformara el auto y se decretara el sobreseimiento de la causa, solicitando la nulidad del auto por falta de motivación suficiente; y la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública relativos a los ejercicios 2010 y 2011, por no haberse dirigido el procedimiento contra los culpables.
Además, también pedía la nulidad del auto por inexistencia de indicios de responsabilidad criminal y por ende inexistencia de delito; y por carecer de atribución subjetiva de los hechos puesto que el recurrente había dejado de ostentar la posición de administrador en el año 2011 sin que se haya acreditado su condición de administrador de hecho a los efectos de una eventual atribución de responsabilidad criminal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal.
El proceso sigue adelante
De esta forma, se resuelve que el cambio de administrador argumentado por Miguel Ángel Ramírez es meramente formal y puede ser juzgado como administrador de hecho, por lo que tanto él, como su ex socio en Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, serán juzgados por haber defraudado, presuntamente, hasta 37 millones de euros al erario público entre 2010 y 2013, todo ello dietas el abono de las horas extraordinarias de sus empleados. La Seguridad Social cifró en su día en 13,74 millones de euros el quebranto que le ocasionó esa práctica, mientras que la Agencia Tributaria calcula en 6,57 millones el dinero que se le dejó de abonar.
Ocurre también que la Fiscalía de Las Palmas solicita para Ramírez una elevada condena de 21 años y medio de cárcel, más una multa de 105,4 millones de euros, y 14 años de prisión y 79,3 millones de euros de multa para De Armas.
Por último, solo falta que el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por Arcadio Díaz Tejera, resuelva el recurso de reforma planteado por Ramírez sobre la denegación de la fianza que depositó de 15.898 acciones de la UD Las Palmas, que representarían el 63 % del capital social de la entidad, propiedad de la mercantil Sport Trade Capital, de la que él es accionista único, aunque este trámite no interrumpe el envío del procedimiento a la Audiencia Provincial.