El Lleida recurre y pide que se anule la resolución del curso
Considera que se les "ningunea" y solicitan que se disputen los diez partidos de temporada regular pendientes y, posteriormente, la fase de ascenso.
El Lleida ha formulado este miércoles el recurso ante el Comité de Apelación por la resolución de la jueza de Competición que emitió el pasado lunes la RFEF en la que se acordó validar las clasificaciones de los cuatro grupos de Segunda B que existían en el momento de la suspensión de la competición por culpa del COVID-19. En un escrito de siete páginas, la entidad de la Tera Ferma quiere mostrar su disconformidad y solicita que se acuerde revocar el acuerdo adoptado y declararlo nulo de pleno derecho. Piden el mismo trato que se da a los equipos de LaLiga, de Segunda A y Primera.
Con ello, el Lleida pretende que Apelación anule la clasificación del Grupo III de Segunda B existente en el momento de suspensión de la competición, no se determine que los equipos del Grupo III de Segunda B que han de disputar el playoff exprés de ascenso sean los cuatro primeros clasificados (Castellón, Barcelona B, Sabadell y Cornellà), que, por lo tanto, el campeón de grupo no sea el Castellón y que acuerde que deben disputarse los diez partidos de temporada regular pendiente y, posteriormente, la fase de ascenso. En sus alegaciones, el Lleida deja claro que “con antecedentes fácticos y tendencia, la RFEF pretende ningunear tanto al Lleida Esportiu Terraferma como a los jugadores deportistas profesionales y federados que pertenecen al Lleida”. Del mismo modo, la entidad catalana remite una serie de comunicados que ha ido enviando tanto a la RFEF como al CSD mostrando su deseo de retomar su actividad y su derecho al trabajo.
El segundo punto que se observa en las alegaciones del Lleida es sobre la resolución emitida el pasado lunes y se recurre por “falta de motivación fáctica y jurídica: vulneración de derechos fundamentales”. Se pide la nulidad porque “nos encontramos ante un escenario jurídico creado de forma artificial y con clara voluntad de ir dando apariencia de legalidad a la toma de decisiones, pero sin duda, las decisiones que se han ido adoptando son contrarias a derecho”.