Siete años de prisión para un entrenador de baloncesto por abusar de una jugadora menor de edad

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a siete años y medio de prisión al entrenador de baloncesto acusado de abusar sexualmente de una jugadora de su equipo, menor de edad, por los delitos de agresión sexual y acoso a menores a través de medios tecnológicos. Los hechos, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tuvieron lugar entre junio de 2021 y marzo de 2022.

A las citadas penas privativas de libertad, el fallo suma, además, la inhabilitación especial del condenado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades, retribuidos o no, que suponga un contacto con personas menores de edad.

También se le impone la prohibición de aproximarse a la víctima, así como de comunicarse con ella. Contará con libertad vigilada por siete años y medio, medida a ejecutar posteriormente de la pena privativa de libertad.

Además, el ahora condenado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros.

Escrito de acusación

El escrito de acusación, recogido este septiembre por Europa Press, señaló que entre el procesado y la menor se creó una situación de confianza plena a través de los entrenamientos y al ejercer sus funciones deportivas en los distintos partidos que la menor jugaba.

Fruto de esta confianza, el procesado, a través del número de su padre pero que él utilizaba, inició distintas conversaciones vía Whatsapp.

Inicialmente se limitaban a cuestiones deportivas hasta que una vez obtenida la plena confianza de la menor y con el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, le envió distintos mensajes y audios en los que la invitaba a mantener relaciones sexuales plenas.

Así, un día, tras finalizar el entrenamiento en el polideportivo fueron a los vestuarios aprovechando que estaban solos en las instalaciones, momento en el que iniciaron relaciones sexuales que solo cesaron cuando la menor recibió la llamada de su madre.

Los hechos fueron denunciados en sede policial por la madre de la menor y el juzgado de instrucción ordenó entonces, como medida cautelar urgente, la prohibición del procesado de aproximarse y comunicarse con la víctima.

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