Un ladrón herido por la Policía pide una indemnización de 480.000 euros: 6 años después del robo la suma sigue sin pagarse

La justicia sigue atrapada en un caso que, once años después del incidente, no encuentra cierre. En 2013, un ladrón italiano, identificado como MS, recibió un disparo de un agente policial mientras huía tras cometer un robo. Ese disparo, que lo dejó con una discapacidad permanente del 80%, ha dado lugar a una prolongada batalla judicial que involucra tanto el ámbito penal como el civil. Ahora, el Tribunal de Apelación revisa nuevamente el caso, mientras el demandante reclama una indemnización de 480.000 euros que aún no ha sido abonada en su totalidad.

El conflicto no solo pone de relieve la responsabilidad del agente, condenado en 2018 a seis meses de libertad condicional, sino que también cuestiona los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades. En medio de la incertidumbre, se alzan voces que critican la falta de acuerdos entre las partes y el impacto de un proceso judicial que parece no tener fin.

Una indemnización que no llega

En 2018, el fallo penal contra el agente estableció una indemnización provisional de 50.000 euros como anticipo de la cantidad global que se resolvería en el proceso civil. Ese monto fue abonado regularmente hasta 2016, pero el resto de la suma sigue sin llegar a manos del demandante. Mientras tanto, MS enfrenta serias limitaciones físicas derivadas de sus heridas. Según sus abogados, camina con dificultad y depende de férulas para moverse.

La tramitación del proceso civil, inicialmente asignada a los tribunales de Roma, se ha visto entorpecida por cuestiones de competencia territorial, lo que ha prolongado aún más los plazos. “Llevamos once años intentando mediar entre las partes para lograr una transacción. Hasta ahora, ha sido imposible”, explicó Domenico Peila, abogado de MS, quien cuestiona si la falta de acuerdo beneficia al Estado o, por el contrario, supone una carga económica y administrativa adicional.

Uso de la fuerza: un debate abierto

El caso reaviva el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Según la legislación italiana y otras normativas europeas, el empleo de armas de fuego debe ser un recurso excepcional, reservado para situaciones en las que exista un riesgo inminente para bienes jurídicos relevantes. Disparar contra un vehículo en movimiento, por ejemplo, solo es justificable si este se utiliza como arma o si se responde a una agresión armada desde el mismo.

El juez Francesco Eugenio Rizzi, encargado del caso en el Tribunal de Apelación, ha instado a las partes a alcanzar un acuerdo antes de que el proceso vuelva a los tribunales a principios del próximo año. Sin embargo, el abismo entre las posturas de ambas partes parece mantenerse intacto.

Consecuencias legales y éticas

Más allá de las resoluciones judiciales, este caso plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las actuaciones policiales y las secuelas que dejan en los involucrados. MS no solo fue condenado por el robo, sino que ahora lidia con una vida marcada por su discapacidad. Por otro lado, el agente enfrenta las consecuencias legales de su actuación, mientras las autoridades evalúan si su intervención fue proporcional a los riesgos del momento.

La resolución de este caso podría sentar precedentes significativos para la interpretación de los límites de la fuerza policial en Italia y otros países de la Unión Europea. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para un conflicto que, tras más de una década, aún no encuentra justicia ni reconciliación.

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