Reino Unido hace un llamamiento a su población por las nuevas reglas de pago en efectivo en España
Esta ley no solo considera dinero en efectivo los billetes y las monedas, sino que también incluye otros medios, como los cheques bancarios al portador.
El periódico inglés EuroWeekly ha avisado a los ciudadanos de Reino Unido acerca de los nuevos cambios en los pagos en efectivo que Hacienda va a implantar en España. Aplicables a nacionales y extranjeros, estas nuevas medidas tienen como objetivo reducir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales a través de transacciones entre particulares.
De acuerdo con la Ley 7/2012, está prohibido realizar pagos en efectivo de más de 1.000 euros siempre y cuando se produzcan dentro del entorno laboral. Si una de las partes es una persona física sin domicilio fiscal en nuestro país, o no actúa como un empresario, el límite se eleva hasta los 10.000 euros.
Esta normativa no puede ser vulnerada a través de pagos fraccionados, ya que la Agencia Tributaria centra su atención en el total de la transacción, sin importar si ha sido realizada en un solo pago o en varios.
Hacienda no solo considera dinero en efectivo los billetes y las monedas, sino que también incluye los cheques bancarios al portador y cualquier otro método físico o electrónico que permite su uso directo por parte del acarreador.
En caso de ser conocedor de un pago fraudulento con dinero en efectivo, puede denunciarse ante Hacienda en un plazo de tres meses desde que se haya realizado la transacción.
¿Qué ocurre si denuncio?
El denunciante quedará exento de toda responsabilidad aunque haya sido participe del fraude, y será el denunciado quien tendrá que asumir todas las consecuencias legales, siempre y cuando no se produzca una denuncia mutua.
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Según el organismo fiscal, el incumplimiento de esta legislación está tipificado como una infracción administrativa grave, y puede ser sancionada con multas de hasta el 25% del importe abonado. Actualmente, la infracción prescribe a los cinco años desde su comisión, y las sanciones podrán aplicarse a los cinco años de ser notificado el delito.
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