¿Qué es la Ley de la Cadena Alimentaria que los agricultores exigen reforzar a Pedro Sánchez?

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, fue modificada por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, legislación vigente que fue aprobada por el Gobierno durante la pasada legislatura, para derogar el antiguo texto que no se aplicó en años anteriores.

Su objetivo no es otro que mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, así como incrementar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. La mencionada ley también busca reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena de valor, con la finalidad de que estas se produzcan en una competencia justa.

La reforma de 2021 impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca introdujo varias novedades en comparación al texto de 2013. La primera, la prohibición de la destrucción de valor de la cadena alimentaria para lograr precios más justos. Esto permitiría que los costes de producción se constituyan como la base de la negociación de los contratos escritos. Sin embargo, no es la única novedad destacada.

También cabe destacar la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales (a excepción de aquellas con un precio inferior a los 1.000 euros y aquellas cuyo pago se realice al contado), la prohibición de los pactos sobre actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio, reforzar el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y el compromiso del Observatorio de la Cadena Alimentaria para mejorar la transparencia y eficiencia de la cadena alimentaria.

Peticiones de los agricultores

Los agricultores españoles piden al Gobierno algunos cambios en las exigencias normativas ambientales, una Política Agraria común (PAC) más flexible o ayudas por la sequía, entre otras demandas. Repasamos las peticiones más importantes.

Entre sus peticiones, destacan, además del refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria, otras como poner freno a la competencia exterior desleal, es decir, a los productos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El sector agrícola solicitó al Gobierno mayor flexibilidad con las medidas ambientales, con la reducción de fertilizantes entre un 20% y un 50%.

También pidieron proteger a medianas y pequeñas explotaciones, con nuevas regulaciones que ayuden a sobrevivir a las pequeñas y medianas explotaciones ante la aparición de grandes corporaciones agrarias; precios justos ante el aumento de costes, la flexibilización de la actual PAC y ayudas ante la sequía.