Polémica en Noruega: permitirá verter en sus fiordos los residuos mineros

La polémica se ha desatado en Noruega después de que la compañía Nordic Mining, especializada en la exploración y producción de minerales y metales industriales, recibiera luz verde del Gobierno para verter en fiordo de Førde 170 millones de toneladas de desechos mineros.

Un visto bueno que llegó después de que el Parlamento aprobara el pasado martes una reforma acordada entre Ejecutivo y oposición para posibilitar la apertura de los fondos marinos a la explotación minera. La explotación se ampliará a un área de 281.000 kilómetros entre el mar de Barents y el mar de Groenlandia. De este modo, el país nórdico se convierte en el primero en permitir la minería submarina.

El objetivo del Gobierno no es otro que buscar metales preciosos para la transición energética en aguas profundas. La medida se ha encontrado también con la dura crítica de ecologistas y expertos vinculados al ámbito marino, quienes argumentaron las posibles consecuencias negativas de dicha práctica para el mundo marino. Entre ellas, mencionaron algunas como la pérdida de biodiversidad, o la interrupción de procesos ecológicos ante el vertido de metales.

De hecho, según informa The Guardian, el gobierno noruego ganó en los juzgados a la plataforma Amigos de la Tierra Noruega, que presentó un recurso ante la decisión gubernamental de verter residuos tóxicos al mar. El diario británico recogió las declaraciones realizadas por Truls Gulowsen, director de dicha organización ecologista.

“Esto contraviene la convención de Aarhus, que establece que el acceso a la justicia en asuntos ambientales no debe ser prohibitivo desde el punto de vista financiero. Nuestra evaluación de este proyecto ha evolucionado con el tiempo. Hoy llegamos a la conclusión de que desaconsejamos la eliminación de desechos marinos, ya que podría poner en peligro un ecosistema saludable y sostenible en el fiordo de Førde”.

¿Qué es la convención de Aarhus?

Se trata de un convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente firmado en la localidad de Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998. Dicho tratado internacional regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente.

El tratado fue elaborado en el marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). En vigor desde 2001, fue firmado por 51 Estados de Europa y Asia Central, entre ellos España, quien ratificó el convenio en diciembre de 2004. Este permite a los ciudadanos denunciar incumplimientos del tratado, cuando en el Derecho internacional normalmente solo los Estados tienen esa capacidad