Pide un préstamo de 9.000 euros y siete años después le obligan a pagar 30.000 euros: “No tenemos dinero para sobrevivir”

Un matrimonio jubilado portugués que vivían en Carnaxide, con una deuda inicial de 9.000 euros firmada en los años 90, se vieron obligados a pagar 30.000, debido al aumento del tipo de interés, que ascendió hasta un 27%. La mujer, Amélia Leão, y su marido atravesaban una situación económica muy complicada, por lo que decidieron intentar solventar esa deuda lo antes posible, según explica CNN Portugal.

De esta manera, en 2010 decidieron acudir a la entidad financiera, explicando el momento en el que se encontraban. La entidad, por su parte, les emitió un documento por el cual se comprometían a pagar “264 euros en 12 cuotas mensuales y posteriormente se abonarían los 7.969,77 euros restantes en un acuerdo posterior”.

Debido a la deuda se les embargó la pensión

Unos años después, cuando ya habían saldado su deuda, recibieron una carta del Tribunal de Oeiras en la que decía que esta deuda había aumentado hasta los 30.000. “Fue doloroso, ya no teníamos más de mil euros al mes. Ni siquiera pudimos impugnar el caso porque no teníamos asistencia jurídica gratuita y no podíamos permitirnos un abogado”, explica a CNN Portugal.

Ante esta situación, se le embargó la pensión a ambos y a esta complicada situación se añadía una serie de problemas graves de salud en él, que hacía que requiriese de un elevado gasto en fármacos. Años después, en 2020, este falleció y fue gracias a la ayuda de amigos que Amélia pudo hacer frente a este pago, 35 años después del primer pago. Según esta, la entidad bancaria “tuvo una actitud depredadora con el objetivo de quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. Imagínese cómo viví, sin ayuda probablemente nunca vería el fin de la deuda”.

En los últimos años, el número de portugueses que recurren a créditos es el más elevado. En España, según la Encuesta sobre Préstamos Bancarios elaborada por el Banco de España, en el cuarto trimestre de 2022 la demanda de créditos ascendió en los dos segmentos de hogares —adquisición de vivienda y consumo y otros fines—, mientras que el de las empresas creció levemente. Esto se produce a pesar del endurecimiento de los criterios de concesión de créditos de forma generalizada en toda España.

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