Los vecinos a los que les pueden exigir un pago adicional en la comunidad de vecinos a partir del 3 de abril
Las comunidades de vecinos tienen ya la potestad de incrementar hasta un 20% la cuota de la comunidad a los propietarios que destinen sus inmuebles a viviendas turísticas.

Ya es oficial, los propietarios de viviendas que destinen las mismas a alquiler vacacional, pueden ver cómo se incremente la cuota de la comunidad hasta un 20%.
Es la medida estrella de la nueva Ley de Propiedad Horizontal, Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una medida que se utilizará para compensar el mayor uso de los servicios e instalaciones comunes como ascensores, escaleras, zonas de recreo y portales, debido a la rotación de inquilinos constante.
La tensión que llegan a generar estas viviendas en los otros inquilinos, que aguantan fiestas, tránsito constante, entradas y salidas a deshoras, alteración de la tranquilidad de una vida ordinaria y no de vacaciones constantes, ha hecho que haya altercados y enfrentamientos entre residentes y turistas de manera habitual.
Las comunidades de vecinos, desde el 3 de abril, pueden negarse a acoger viviendas de uso turístico y, si aceptan, tienen la potestad de incrementar hasta un 20% la cuota de la comunidad para los propietarios que destinen sus viviendas a este propósito.
Lo que dice el texto legal,
“El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”.
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Esta situación será efectiva en toda España menos en Cataluña. Según los cálculos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid), se cree que habrá un ahorro para las comunidades entre 3.000 y 5.000 euros de media.
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