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Les cobra 24.000 euros en honorarios, los clientes denuncian al abogado y acaba ganando sólo 20 euros por gestionar la incapacidad

El tribunal ha aclarado que las ambigüedades en las tarifas por un servicio pueden invalidar un contrato firmado.

Les cobra 24.000 euros en honorarios, los clientes denuncian al abogado y acaba ganando sólo 20 euros por gestionar la incapacidad
Andrea Rankovic
Actualizado a

Después de haber pagado la cantidad solicitada por su abogado, un cliente ha sido obligado a pagar más de 24.000 euros en un caso resuelto favorablemente por vía administrativa. Pero el tribunal ha invalidado este contrato al no cumplir con el principio de transparencia.

El ciudadano contrató los servicios del abogado con el objetivo de reclamar la incapacidad permanente, una prestación que se solicita cuando el empleado sufre una enfermedad o una lesión por accidente. En la primera entrevista, se le exigió abonar la cantidad de 2.420 euros, que se incrementaron con la resolución del caso.

El proceso concluyó de forma favorable gracias a la vía administrativa y el abogado aumentó la tarifa a más de 24.000 euros, alegando que el importe correspondía al cálculo de los honorarios. Ante el pleito con el cliente en Oviedo, la Audiencia Provincial ha concluido que el letrado no comunicó con transparencia el coste del caso.

Incumplimiento del principio de trasparencia

Asimismo, el tribunal ha considerado el coste desproporcionado y confuso, teniendo en cuenta que el caso se resolvió sin necesidad de juicio, al haberse resuelto por vía administrativa.

Por ello, ha considerado que el letrado no ha cumplido con la normativa de protección al consumidor al no comunicar de forma clara las cuotas antes de que el cliente firmara el contrato.

La Audiencia Provincial ha fallado a favor del ciudadano, alegando que el precio justo es de 20,71 euros y que el pago de 2.420 euros ya abonados cubre el trabajo del letrado.

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El argumento se centra en la ambigüedad de la cláusula de honorarios variables y abre las puertas a nuevas reclamaciones de clientes que consideren que el precio exigido por sus abogados es desproporcionado.

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