Las opciones del Gobierno para salvar Muface: ¿puede obligar a las aseguradoras a dar servicio a los funcionarios?
El pasado martes 5 de noviembre finalizó el plazo para que se renovase el contrato con las aseguradoras sin que se llegase a un acuerdo.
Tras semanas de espera, 1,5 millones de funcionarios y sus familias han recibido las peores noticias posibles: el plazo para que las aseguradoras renovasen contrato con Muface ha finalizado y la licitación ha quedado desierta. Es decir, por primera vez, aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV se han negado a renovar convenio con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) al asegurar que están perdiendo dinero con las condiciones actuales.
Y es que las principales entidades concertadas con Muface exigieron hace meses una una subida de casi el 40% en las coberturas y primas, pero el Ejecutivo solo propuso un aumento del 17%. El hecho de que no se renueve el contrato de cara a 2025 deja un escenario sin precedentes, pues un millón y medio de funcionarios se quedan sin cobertura sanitaria y tendrían que pasar a la seguridad social, lo que podría colapsar el sistema.
La primera opción del Gobierno
La principal respuesta que se plantea el Gobierno para acabar con la crisis de Muface es preparar una licitación exprés mejorando de la prima. Es decir, el Ejecutivo podría poner a concurso el acuerdo con la mutualidad ofreciendo mejoras económicas para atraer a las aseguradoras, pero tendría que hacerlo con un plazo temporal mínimo.
El objetivo del Gobierno es agotar la vía amistosa y a través de seguir negociando conseguir que las aseguradoras firmen un nuevo contrato que ofrezca cobertura a los funcionarios. El principal problema es el tiempo, puesto que el acuerdo debe llegar antes de que acabe el año. Por parte de las aseguradoras, el contrato en vigor les obliga a ofrecer cobertura sanitaria hasta el 31 de enero de 2025 o marzo en caso de hospitalización prolongada, pero a partir de esa fecha el Gobierno tendría que actuar para ofrecer asistencia sanitaria.
¿Puede forzar a las aseguradoras a dar servicio?
Si esa primera opción no funciona y el Gobierno no consigue que las aseguradoras firmen un nuevo convenio, el Ministerio se plantea aplicar una prórroga forzosa. Y es que en caso de que la oferta mejorada no funcione, el Gobierno podría obligar a las aseguradoras a seguir dando cobertura sanitaria a los funcionarios durante 9 meses.
Por el momento, la prórroga forzosa es solamente una posibilidad y una especie de amenaza a las aseguradoras, pero sería posible siempre que el Ejecutivo se acoja a la Ley de Contratos del Sector Público. La legislación permite forzar a las aseguradoras a prolongar su servicio a los funcionarios durante nueve meses si existen razones de interés público. De esta forma, el Gobierno tendría más tiempo para llegar a un nuevo acuerdo.
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