Las comunidades de vecinos que pagarán el doble de factura de gas en 2024

Las comunidades de vecinos que tengan contratada una tarifa regulada TUR para el gas deberán acudir al mercado liberalizado de gas para contratar su nueva tarifa. A partir del próximo 1 de enero, el Gobierno obligará a este tipo de clientes a dejar este tipo de tarifa para el gas, lo cual puede llegar a repercutir de forma increible, ya que los recibos de cada vecino pueden llegar a duplicarse.

Según recoge el BOE, antes del 15 de octubre de 2023, las empresas comercializadoras de último recurso tienen la obligación de informar a los usuarios que tengan contratada la tarifa de la necesidad de contratar el suministro a partir del 1 de enero de 2024 con una comercializadora del mercado libre.

Si nos fijamos en el precio actual del mercado libre frente a la tarifa reguladora 4, aquellas comunidades pequeñas con un consumo anual aproximado a los 150.000 kWh adscritas a esta tarifa, pasarían de pagar de 6.600 euros hasta los 13.500 euros al perder la tarifa. Por otra parte, una comunidad con un consumo mucho mayor como de 400.000 kWh y tarifa RL 5, pasarían de pagar 19.100 a 36.600 euros al año.

Un cambio en busca del ahorro energético

Con este cambio en las tarifas del gas, el Gobierno dará por finalizada la medida impuesta en octubre de 2022 por la cual permitía que las comunidades de vecinos con una calefacción central pudieran acogerse a la tarifa regulada de gas natural, TUR, que el Gobierno había diseñado para ellos dentro del paquete de medidas de ahorro energético aprobado en el Congreso. Una tarifa que podía ser solicitada por aquellas comunidades de propietarios que cumpliesen con los requisitos establecidos por el ministerio de Transición Ecológica y que generó una avalancha de peticiones que llegó a colapsar el sistema de atención al cliente de algunas compañías de gas.

Además, el BOE decreta que aquellos que aún no han podido instalar los contadores, pueden presentar una recurso o declaración responsable en un plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la orden, manifestando en dicha declaración las dificultades experimentadas de naturaleza técnica o administrativa, para ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre de 2024. En caso contrario, las comunidades que no lo hayan hecho, presentado o solicitado la tarifa, deberán pagar el recargo del 25%.