La Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid: se podrían haber salvado 4.000 vidas en la pandemia

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha concluido que en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras comunidades autónomas, y ha estimado que si no se hubieran aplicado criterios “discriminatorios” en las derivaciones de residentes a los hospitales se habrían salvado 4.000 vidas.

Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre que sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.

La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y de los testimonios de familiares, supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de residencias, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales.

Sobremortalidad en las residencias

Los miembros de la Comisión, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, han presentado este jueves sus conclusiones en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, entre las que señalan que en los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias como consecuencia de decisiones políticas y de gestión “discriminatorias” respecto a la asignación y organización de los recursos disponibles.

En el informe, la Comisión subraya que el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado.

El doctor Fernando Lamata ha explicado que las personas que fueron derivadas a los hospitales en marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”.

Lamata ha asegurado que el número de derivaciones pasó de 120 diarias a una media de 65 durante entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido, y ha resaltado que hubo “un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes” en las residencias.

La Comunidad no medicalizó las residencias

Además, detallan, el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020 y tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias ni derivó a pacientes a hospitales privados.

Entre el 22 de marzo y el 23 de abril de 2020 estuvo funcionando un hospital provisional en Ifema, con 1.300 camas y 3.000 profesionales, con los que se podrían haber medicalizado más de mil camas en residencias.

En su informe, también destacan que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia, que la respuesta del Gobierno regional al comienzo de la crisis de la covid fue inadecuada y que la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fue “inapropiada e incompleta”.

Para la Comisión, se han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los residentes y de sus familiares y se ha vulnerado el derecho a la verdad, puesto que no se ha investigado lo que ocurrió ni se han establecido responsabilidades ni reparaciones justas.

Piden a la Fiscalía que investigue lo ocurrido en las residencias en Madrid

En sus recomendaciones, la Comisión insta a los poderes públicos a garantizar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid y pide que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Por ello, plantean que se reabra la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y que el Ministerio Fiscal promueva una investigación “eficaz y diligente” sobre lo ocurrido,al tiempo que abogan por promover “un cambio radical” del modelo de cuidados, mejorar la dotación del sistema sanitario público y luchar contra el edadismo.

El documento se enviará a la Fiscalía y a todas las instituciones del Estado, la Corona, el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea.

Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo, ha dicho que “le duele” la actuación del Ministerio Fiscal, que desde el punto de vista constitucional es el eje que maneja la iniciativa del desarrollo de las investigaciones, y que en algunos casos de muertes en residencias durante la pandemia ni siquiera asistía a las comparecencias judiciales y adoptó “una postura conformista de acuerdo con que aquello era inevitable”.

Ahora, ha defendido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y también a nivel nacional.

Tras el informe, según Martín Pallín, pueden ejercer acciones la Fiscalía, la iniciativa privada y la acción popular, por omisión del deber de socorro, decisión arbitraria o injustificada y funcionamiento anormal de la Administración, aunque habría que ir caso por caso.