Frena un desahucio a pesar de cobrar 1.300 euros en ayudas y declara: “La vulnerabilidad no depende solo del salario”

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid ha decidido suspender el desahucio de una madre soltera con dos hijos menores a su cargo en el distrito de Villaverde. Esta resolución ha sorprendido a muchos porque la mujer percibe más de 1.300 euros mensuales en concepto de ayudas, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital. Pero pese a ello, la magistratura entendió que su situación particular encajaba en los supuestos de vulnerabilidad.

El caso ha generado bastante debate porque la inquilina en cuestión únicamente debía 120 euros de alquiler social, cantidad que llevaba bastante tiempo pendiente de ser abonada. No obstante, su abogado, Ignacio Palomar Ruiz, socio-director de Servilegal Abogados, argumentó que la vulnerabilidad no se mide solo en términos de ingresos, sino también en las circunstancias vitales y sociales que rodean a cada persona.

“Conseguir que se declare vulnerable a una persona que percibe más de 1.300 euros mensuales y lograr que su lanzamiento se suspensa durante más de cuatro años es, sin duda, un triunfo jurídico y humano”, declaró Palomar al medio Confilegal en exclusiva. De hecho, la defensa aportó informes de Servicios Sociales que acreditaban la dificultad de la mujer para acceder al mercado laboral debido a su falta de formación y experiencia, factores que agravan su situación familiar.

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No todo es lo que parece, incluso con la vulnerabilidad de las personas

Por su parte, el propietario de la vivienda (que está en paro, sin prestación y tiene deudas acumuladas) alegó ante el juzgado que la inquilina no había entregado documentación clave, como certificados de la Seguridad Social o de empadronamiento. También insistió en que el legislador nunca pretendió que “todas las situaciones de bajos ingresos” se acogieran a estas medidas extraordinarias, y reclamó que se tuviese en cuenta su propia precariedad.

Sin embargo, el tribunal priorizó el análisis de las condiciones de la arrendataria, considerando que su vulnerabilidad estaba más que justificada. El desahucio, que iba a llevarse a cabo el pasado 12 de septiembre, quedó paralizado de forma indefinida y sirvió para volver a evidenciar el choque de intereses entre propietarios e inquilinos.

Como no podía ser de otra manera, la resolución del juzgado abrió un debate sobre los límites de la vulnerabilidad y el rol de la justicia a la hora de proteger a las familiares en riesgo. “Aunque muchos puedan pensar que un salario de 1.300€ excluye la vulnerabilidad, la realidad es que los gastos fijos y las circunstancias personales hacen inviable acceder a otra vivienda. Y la justicia lo ha entendido", sentenció Palomar.

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