El jefe de una mujer embarazada no le da 800 euros y la negativa le acaba costando 8.000 euros
El Tribunal de Distrito del Suroeste de Finlandia reconoció discriminación por embarazo y ordenó pagar indemnización y costas judiciales.
Una mujer finlandesa de unos treinta años ha ganado una demanda de indemnización basada en la Ley de Igualdad contra la Región de Bienestar del Suroeste de Finlandia, tras no recibir un bono de 800 euros por compromiso de trabajo durante su embarazo.
La enfermera trabajaba en la sala de hospitalización de la Agencia de Seguridad Básica Aksel, pero se encontraba de baja prolongada debido a graves complicaciones del embarazo. Las contracciones prematuras la obligaron a apartarse del trabajo durante varios meses, según ha informado Iltalehti.
No recibió el bono por ausencia
Durante ese tiempo, la unidad de cuidados intensivos ofreció a los empleados un pago único de 800 euros por compromiso de permanencia, destinado a quienes completaran al menos el 75 % de sus turnos en un período determinado. Varios compañeros sí recibieron esta compensación, pero la mujer embarazada no, ya que su ausencia médica durante ese tiempo le impedía cumplir los requisitos del bono. Tras reincorporarse, solicitó formalmente el pago, pero la autoridad municipal se lo negó.
Ante esta negativa, la mujer presentó una demanda en la que reclamaba los 800 euros del bono y 16.000 euros adicionales por daños y perjuicios, alegando discriminación basada en su embarazo. La reclamación coincidió con la transferencia de las operaciones de la autoridad municipal a la nueva Región de Bienestar del Suroeste de Finlandia.
El área de bienestar social rechazó la demanda, argumentando que no era la parte correcta para responder y que un empleado ausente durante un largo período no podía recibir la compensación.
El Tribunal de Distrito del Suroeste de Finlandia falló a favor de la mujer, reconociendo que su ausencia por embarazo la colocó en una posición desigual frente a otros empleados. La sentencia reduce a la mitad la indemnización por violación de la ley de igualdad y confirma que el bono debía haber sido abonado.
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Finalmente, la autoridad regional deberá pagar 8.000 euros de indemnización por discriminación, 800 euros del bono de compromiso y 5.462 euros en costas judiciales. Sin embargo, la decisión no es todavía jurídicamente vinculante y podría ser apelada.
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