El Gobierno limitará los alquileres turísticos: restricciones en la LPH y a qué propietarios afectarán las medidas

El Gobierno reforzará la Ley de Vivienda y, con ello, limitará los alquileres por temporada. Además, impulsará una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que permitirá a las comunidades de vecinos decidir si permiten o no pisos turísticos.

Con esta doble propuesta, Vivienda quiere acabar con el fraude de los alquileres temporales y prepara un nuevo Real Decreto en el que obligará a justificar la causa de los mismos. Estos deberán incluirse también dentro de la plataforma de registro único que el Gobierno pretende crear conforme al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

De este modo, se debe justificar la causalidad del contrato y que el contrato “se debe al interés de la temporalidad”, y que no ocupe “otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria”. En palabras de Rodriguez, se trata de un fenómeno que “está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios”.

La propia ministra concedió esta semana una entrevista a ‘Hora 25 de los Negocios’ en la que habló sobre el precio del alquiler en el último año, la Ley de Vivienda, que regula diferentes ámbitos del sector inmobiliario o el fenómeno Airbnb. Rodríguez consideró “necesario” establecer los mecanismos necesarios para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

“Una ley no puede arreglarlo todo”

“Una ley solo, una administración sola, no pueden arreglarlo todo”, manifestó la ministra en la entrevista al programa radiofónico. Su diagnóstico apuntó a varias direcciones. Por un lado, apuesta por la creación “de un gran parque público de vivienda” que iguale a España a los estándares europeos.

Atendiendo a los territorios, las subidas son muy distintas. Baleares acumula una subida del 21.5%, y encabeza el listado de regiones donde más sube. Le sigue Madrid con un 17.5%, la Comunidad Valenciana con un 15.6% y Cataluña con casi un 15%, según datos de Idealista. En la capital, todos los distritos de Madrid (un total de 21) vieron incrementados el precio medio de los alquileres durante el último año. El lugar donde más lo ha hecho son Moratalaz (21%) y donde menos ha sido en San Blas (11%).

Objetivo principal

Por otro, reducir “la tensión en el mercado del alquiler”, que “se debe al incremento de los alojamientos residenciales temporales”. Algo que ha generado cierto debate desde hace meses en las redes sociales, sobre todo en ‘X’ (Twitter).

¿El objetivo a lograr? Está claro: que “ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda”. Una meta bastante difícil de conseguir, al menos actualmente, pero que demuestra sus aspiraciones al frente de este cargo.

Barcelona marca el camino

Y no solo eso. Esta política española ha apostado por la prohibición de los Airbnb, cuando “cuando entren en colisión con los derechos a la vivienda”. A su juicio, Barcelona, que ha anunciado la prohibición total de los alquileres turísticos para finales de 2028, marca un ejemplo.

“Si está afectando al derecho de las personas a quedarse a vivir en la ciudad en la que nacieron, donde están sus padres, donde están sus amigos, donde está su trabajo o donde quieren, pues tenemos que entrar a prohibir y a regular”, ha explicado Rodríguez.

De ahí que no solamente haya mostrado su apoyo al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sino que también le ayudará a “la construcción de un parque público de vivienda en la ciudad”. Como parte de esta iniciativa, el Gobierno prevé lanzar una ley que empodere a los vecinos para que tengan capacidad para prohibir la existencia de este tipo de alojamientos.

Llamamiento a los municipios

Por si esto fuera poco, ha hecho un llamamiento a los municipios: “Le estoy pidiendo a todos los alcaldes de España que sean valientes, como el alcalde de Barcelona”. Mención aparte, claro está, para Madrid, donde ha afirmado que hay unas 3.000 viviendas turísticas, la mayoría de ellas ilegales.

“Hay que inspeccionar y si es necesario prohibir, existen zonas del país donde los alojamientos turísticos son posibilidades de desarrollo económico y fijación de población, pero cuando estos negocios colisionan con el derecho a la vivienda, hemos de prohibir”, ha concluido.

Este miércoles, Rodríguez se reúne con el Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada y así presentar las conclusiones en las que el grupo ha venido trabajando desde que se constituyera el pasado mes de diciembre. Durante esta reunión, se pretende avanzar en la normativa que regula el alquiler temporal.

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