El giro con MUFACE que planteará el Gobierno: desde la elección a acabar con el modelo

El Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, plantea una reforma de MUFACE, un organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios, según la cual la libre elección de ser atendidos en la sanidad privada o pública no podrá ser reversible. Hasta ahora, cada año los beneficiarios podían elegir si hacer uso de la sanidad privada o pública, de forma que tras estar un tiempo en una modalidad podrían cambiar a la otra y viceversa, según informa El País.

Esta revisión del sistema llega a raíz de que las aseguradoras de Adeslas, Asisa y DKV se hayan negado a presentarse de nuevo al convenio para los años 2025 y 2026. Según fuentes consultadas por El País, el actual convenio estará vigente hasta el 31 de enero, por lo que todavía hay tiempo para encontrar otra licitación.

La finalidad, prever los presupuestos

El fin principal de evitar los cambios es prever los presupuestos necesarios para unos u otros: “Una vez que los actuales beneficiarios hayan optado de forma voluntaria por el régimen común o el régimen especial, será más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema. […] Por tanto, así se podrán tomar decisiones más precisas sobre cómo financiarlo”, explican las fuentes.

Para tomar esta decisión, hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, existe diversas relaciones de los distintos funcionarios con MUFACE. Por ejemplo, la mutualidad da cobertura a algunos como los de la Administración General del Estado, docentes y policías, entre otros, pero no la da a cuerpos superiores de interventores y auditores de la Seguridad Social, personal de administración de universidades o personal investigador de organismos públicos.

Las aseguradoras reclaman mayores ingresos

Por otra parte, el número de nuevos funcionarios que se adscriben a MUFACE es pequeño en relación con el total de mutualistas, lo que haría que el balance después de la elección por la sanidad privada o pública cambiase poco cada año en términos relativos. Además de poder llevar a cabo una previsión de los ingresos más acertada, también está previsto que se tengan también en cuenta los gastos, a la espera de un informe que analizará cada partida.

En cuanto a esta nueva licitación, las empresas aseguradoras reclaman un incremento de hasta el 40% en las primas, alegando que actualmente están infrafinanciadas, aunque la realidad es que se trata más bien de un envejecimiento de la población y una mayor cantidad de nuevos funcionarios jóvenes a la sanidad privada.

Un sistema controvertido

Se trata de un sistema muy controvertido, ya que no existe en otros países de Europa. Igualmente, algunos estudios alegan que las aseguradoras hacen un control de riesgos y aquellas personas con un estado de salud más delicado y que requiera de más tratamientos son derivados a la sanidad pública, mientras que en la privada se quedan los que menos gastos ocasionan.

Sanidad plantea acabar con el modelo MUFACE

Si desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública apuestan por una reforma del sistema MUFACE, desde el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García (el otro partido de la coalición), plantea acabar con el modelo Muface a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a la sanidad pública en 9 meses al millón de funcionarios que reciben ahora mismo asistencia privada.

Así lo atestigua un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER. Desde Sanidad creen que ha llegado el momento de acabar con este modelo después de que el consurso haya quedado desierto. Para ello, ha diseñado un plan de transición en el que los funcionarios se irían incorporando de forma paulatina a la sanidad pública.

En este sentido, el Gobierno transferiría los 2.681 millones que destina a las aseguradoras privadas a las comunidades autónomas, que tendrían que invertir en los servicios sanitarios durante los tres primeros años.

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