Despiden a una trabajadora incapacitada pero la empresa le acaba pagando mes tras mes tras caer en su propia trampa
Un error interno en la gestión del despido de una empleada protegida provoca que la compañía deba continuar pagando salarios durante varios años.
Una empresa de limpieza con sede en Hauts-de-Seine tiene a sueldo a más de 800 personas. Entre ellas se encontraba una trabajadora que se incorporó en 1999 y permaneció allí varias décadas. En 2013 fue elegida delegada de personal y miembro del comité de empresa, cargo que le otorgó la condición de empleada protegida.
En 2017 fue declarada “inadecuada” y la empresa inició su procedimiento de despido, algo que resultó apresurado. “Unos días después de despedir a la empleada, la empresa se dio cuenta de que era una empleada protegida y, por lo tanto, necesitaba la aprobación de la inspección de trabajo”, explica Anthony Coursaget, abogado de derecho social.
Por ello intentaron retrasar su despido para aplicar el procedimiento correcto, pero la empresa quedó atrapada. “Para retractarse de un despido es necesario que la empleada despedida dé su consentimiento, y aquí no lo dio”, comenta el abogado.
La empresa solicitó autorización para despedir a la trabajadora tanto a la inspección de trabajo como al Ministerio de Trabajo, y ambos rechazaron la petición. “Respondieron que no podían autorizar el despido de una empleada ya despedida oficialmente”, resume el abogado.
La empresa quedó en una situación comprometida, consciente de su error. Si los jueces declaraban nulo el despido, tendría que pagar los salarios faltantes, daños y perjuicios, e incluso reincorporar a la trabajadora si ella lo pedía.
Pagó el salario dos años
Para reducir daños, la empresa decidió seguir pagando su salario, con el fin de limitar costes ante una posible condena. “La empleada obtiene la nulidad del despido, pero no solicita su reincorporación ni el pago de daños y perjuicios”, comenta Coursaget.
“Pensando que tendría que reintegrarla, el empleador no entregó los documentos de fin de contrato. Ella no pudo percibir el desempleo ni inscribirse en Pôle Emploi, ahora France Travail. La empresa la perjudicó”, añade.
Es decir, la empresa pagó salarios entre 2017 y 2019 que no debía pagar, dado que la condena nunca llegó a producirse. “Por ello recurre a los prud’hommes, luego al Tribunal de Apelación y después al Tribunal de Casación, solicitando la devolución de esos salarios que considera indebidos”, explica el abogado.
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Los jueces del Tribunal de Apelación y del Tribunal de Casación concluyeron que esos salarios constituían una forma de reparación al daño causado a la empleada.
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