Cuidado si tienes gallinas y no las registras para el autoconsumo: esta es la contundente multa que puedes recibir
De acuerdo con la legislación, que comenzó a aplicarse a lo largo de 2024, se deben de cumplir una serie de obligaciones para la protección de las gallinas.

Mucha gente cría gallinas en las zonas rurales de España. La crianza de aves de corral es una práctica muy extendida en España, ya que permite a los criaderos particulares conseguir una fuente fiable de carne y huevos. Sin embargo, si queremos hacerlo para autoconsumo, hay una regulación muy clara que debemos seguir.
En el año 2021 salió adelante el Real Decreto 637/2021, una nueva ley que obliga a los particulares a registrar todas las gallinas que sean para autoconsumo, con el objetivo de mantener la salubridad y contar con una mayor trazabilidad tanto de los huevos como de la carne que se consume en nuestro país.
De acuerdo con la legislación, que comenzó a aplicarse a lo largo de 2024, se deben de cumplir una serie de obligaciones para la protección tanto de las gallinas ponedoras como para los pollos destinados a la producción de carne.
Así, las intervenciones quirúrgicas que no sean por motivos terapéuticos quedan prohibidas, y deben estar siempre supervisadas por un veterinario o personal cualificado para ello.
Por otro lado, los animales que se críen en el suelo deben tener acceso a una yacija o cama en buenas condiciones que prevenga las lesiones de los animales y les permita descansar correctamente. Por último, los animales deberán tener un suministro de agua en cantidad y calidad necesaria.
Protección de los animales
Si bien el decreto no establece condenas o penas concretas, el artículo 21 sí hace referencia a un régimen sancionador derivado de otras leyes como la Ley 8/2003 de sanidad animal, o la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales.
Según este marco legislativo, no cumplir el cuidado debido de los animales puede estar sujeto a una multa que oscila entre los 600 euros y 1.200.000 euros. En caso de no registrar los animales, la pena económica se encuentra entre los 600 euros a los 3.000 euros.
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