Construye una plaza de toros y un helipuerto en el ‘patio’ de su finca y se enfrenta a una sanción de más de 300.000 euros
En Esporles (Mallorca) se está tramitando un expediente sancionador por varias obras realizadas sin licencia en la propiedad de un vecino.
Uno pensaría que puede hacer cualquier cosa en su casa. Ya sea un piso pequeño o una finca inmensa. Pero nada más lejos de la realidad. Incluso para pintar, deberías pedir permiso. Y mucho más si pretendes hacer una plaza de toros o un helipuerto, aunque tengas espacio, en tu vivienda, en tu patio, en tu jardín, en tu finca.
El principal problema deriva de cómo las obras están afectando al suelo rústico protegido con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y que, además, también tiene la condición de zona inundable, ya que a pocos metros transcurre el torrente de Esporles, por lo que de todas todas, esas obras no son la mejor idea.
Tal es el punto y la magnitud de las obras, que el alcalde de Esporles, Josep Ferrà (Més), ha solicitado a la Agencia de Defensa del Territori (ADT)del Consell de Mallorca que intervenga “lo más rápido posible” para "paralizar" las obras ejecutadas sin licencia urbanística, “ni otorgada ni siquiera solicitada”. Añade, “lo que nos deja totalmente perplejos es que se puedan hacer obras de estas características, tan grandes, con operarios de distintas empresas trabajando de forma simultánea, en una zona rústica que además es inundable, sin que pase nada”.
Las obras en cuestión, eran una plaza de toros y una caseta que el dueño de un complejo de finca destinada al agroturismo quería tener para la explotación. La sanción a la que se enfrenta la propiedad puede ascender a 381.314 euros por la realización de un edificio revestido de piedra, una fosa séptica, una pista circular de arena de 700 metros cuadrados, un cercado para animales, muros de piedra seca, una estructura soterrada en ejecución, así como una pista ecuestre de 2.500 metros cuadrados y una losa de hormigón circular de 10 metros de diámetro.
El procedimiento, que tiene un plazo máximo de un año para resolverse, contempla reducciones de la sanción en caso de legalización o demolición voluntaria de lo construido, además de un posible descuento adicional si la empresa reconoce la infracción y paga de forma anticipada.
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De momento, todo está ‘precintado’, incluso el helipuerto. La compañía que explota el agroturismo se llama Baleares Investment Group, domiciliada en Madrid. En un principio, la empresa alquiló la propiedad y posteriormente la compró a la familia Seguí, ex dueños de sa Granja de Esporles, según fuentes municipales.
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