Cinco asociaciones de guardias civiles cargan contra el PSOE
Critican los pactos alcanzados por el PSOE con los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que “buscan transgredir y poner en peligro los pilares de la democracia”.
Cinco asociaciones de Guardias Civiles, entre ellas la representativa Justicia para la Guardia Civil (Jucil), han emitido un comunicado censurando los acuerdos alcanzados por el PSOE con partidos nacionalistas vascos y catalanes, sentenciando que “buscan transgredir y poner en peligro los pilares de la democracia”. Consideran un “ataque a la línea de flotación de la independencia judicial” la creación de comisiones de investigación en el Congreso o en parlamentos autonómicos para abordar la aplicación de la ley de amnistía.
Este posicionamiento surgió poco después de que el Ministerio del Interior anunciara la apertura de un expediente a los responsables de la asociación Aprogc, quienes expresaron su disposición a “derramar” su sangre en oposición a la amnistía.
El comunicado conjunto de las cinco asociaciones, que incluyen a Jucil, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales (ASES-GC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), adopta un tono más moderado.
Críticas a las diferentes medidas
En sus expresiones, rechazan la medida propuesta al considerarla un ataque a la independencia judicial y una violación de la separación de poderes, pilares fundamentales en un Estado de Derecho.
En el comunicado denuncian que los acuerdos buscan disminuir las competencias de la Guardia Civil y expulsar a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña. También critican la asignación de considerables sumas económicas a las policías autonómicas a expensas de recortar competencias al instituto armado.
Las asociaciones expresan su inquietud al percibir que los guardias civiles están siendo utilizados como fichas de negociación en la formación del Gobierno, advirtiendo sobre las posibles consecuencias permanentes para la seguridad ciudadana.