Buenas noticias para las empleadas de hogar: si las familias no cumplen este trámite, habrá multas de hasta 49.000 euros
El plazo para cumplir con la evaluación obligatoria de riesgos laborales finaliza este viernes.
El colectivo de empleadas del hogar en España está formado por unas 340.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, pero, según un informe de Oxfam, esta cifra se eleva a 565.000, siendo el 87% mujeres y el 32% al encontrarse en situación de informalidad. Además, el salario mínimo no supera los 1.100 euros al mes, lo que provoca que aproximadamente un 38% de las trabajadoras llegue a fin de mes con dificultades.
El Gobierno, ante esta situación, en el año 2024 introdujo un Real Decreto que establecía unas nuevas obligaciones para los empleadores. Dentro de esta normativa se obliga a realizar una evaluación obligatoria de riesgos del puesto laboral. Si no se respeta, se impondrá una multa.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) advirtió que contarían con seis meses para realizar esa evaluación, una vez se habilitase la herramienta digital “Prevención10”, disponible en la web del Ministerio de Trabajo.
Se cumplen los seis meses de plazo
Este viernes 14 de noviembre se cumple el plazo dado por el INSST. Esto quiere decir que aquellos domicilios con personal doméstico que no hayan realizado este trámite serán sancionados.
Esta evaluación no basta con hacerla una vez, puesto que tendrá que revisarse y actualizarse de manera periódica y, necesariamente, cuando ocurran cambios en las condiciones laborales.
Las medidas preventivas que se vayan a aplicar deberán documentarse por escrito, y cada trabajadora tendrá que disponer de una copia de dicha documentación, lo que garantizará que es consciente de las medidas adoptadas para su protección.
Si no se cumple con esta evaluación de riesgos al empleado, las sanciones van desde 2.451 euros si no hay agravantes, hasta 24.000 y 49.000 euros si los hubiera.
Otras medidas dentro de la normativa
Otras medidas que contempla la nueva normativa son que los equipos de protección deben proporcionarse de manera gratuita, igual que la formación en prevención de riesgos.
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También deben tener acceso a un reconocimiento médico gratuito y voluntario cada tres años, promovido por el Ministerio de Sanidad. El INSST ha anunciado un protocolo contra la violencia y el acoso, que permitirá que la trabajadora abandone la vivienda si existe un riesgo grave.
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