Adiós a los ultraprocesados: el Gobierno estudia excluirlos de los hospitales infantiles
La medida afectará a productos como bollería industrial, algunos snacks, bebidas azucaradas y, en definitiva, a productos con “formulación industrial compleja”.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este miércoles que retirará los alimentos ultraprocesados de los menús de niños, niñas y adolescentes ingresados en hospitales, también de las cafeterías y comedores abiertos al público en esos centros médicos. La medida, que se incluirá en un Real Decreto, afectará a bollería industrial, bebidas azucaradas, galletas y algunos snacks, en definitiva, a los productos con “formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal”, señala el Ministerio.
“Que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos, es incomprensible”, ha señalado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. El Ministerio hace referencia al análisis publicado por The Lancet la semana pasada, que alertaba del riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y sufrir una mortalidad prematura por la ingesta de alimentos ultraprocesados.
De acuerdo con ese estudio, la ingesta de ultraprocesados en España se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11% al 32%, un aumento que no alcanza el 25% en países como Italia o Portugal. El incremento, según The Lancet, “está impulsado por poderosas corporaciones globales que emplean tácticas políticas sofisticadas para proteger y maximizar sus ganancias”, pues la ingesta de ultraprocesados “tiende a ser mayor entre las personas que enfrentan dificultades económicas”.
“El deterioro de las dietas constituye una amenaza urgente para la salud pública que requiere políticas coordinadas y acciones de incidencia para regular y reducir los alimentos ultraprocesados y mejorar el acceso a alimentos frescos y mínimamente procesados”, denuncia el estudio.
El Gobierno apoya el demoledor mensaje del informe y la intervención del estado en la alimentación. “Son los poderes públicos los responsables de crear entornos en los que tomar decisiones saludables sea sencillo y accesible”, ha señalado Bustinduy, que asegura que el consumo de ultraprocesados “representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”.
Así, la medida impulsada por Consumo exigirá unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en los hospitales, lugares donde se vela por la salud de las personas.
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