Los españoles que tienen que pagar la ‘cuota de solidaridad’ para las pensiones desde 2024
Los trabajadores con salarios superiores a la base máxima de cotización, serán quienes asuman el recargo. Se aplica sobre la parte del salario que no cotiza.
La cuota de solidaridad fue una de las grandes novedades de la reforma de pensiones aprobada durante la pasada legislatura por el equipo de José Luis Escrivá, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad Social, ahora liderado por Elma Saiz.
Con la reforma en vigor, este mecanismo regirá sobre el porcentaje de salario por encima de la base máxima que quedará sin cotizar. Empezará siendo del 1% en 2025, y terminará en el 6% en 2045. En el primer año, se dividirán en cinco a cargo de los empresarios, y un punto restante para los trabajadores. Viene reflejado en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. En concreto, especifica lo siguiente.
“La cuota de solidaridad será el resultado de aplicar un tipo del 5,5 por ciento a la parte de retribución comprendida entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10 por ciento; el tipo del 6 por ciento a la parte de retribución comprendida entre el 10 por ciento superior a la base máxima de cotización y el 50 por ciento; y el tipo del 7 por ciento a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje. La distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes”.
Por otro lado, cabe resaltar otro de los aspectos más llamativos con los que cuenta la ‘cuota de solidaridad’, y es conocer quién va a ser el que lo pague. Serán los trabajadores con salarios más elevados los que tendrán que asumir esta ‘sobrecotización’, y, sobre todo, el recargo que esta conlleva. Dicho recargo se aplicará sobre la parte del salario que no cotiza al superar la base máxima.
La ‘cuota de solidaridad’ aumentará progresivamente a un ritmo de 0,25 puntos hasta el año 2045. Afectará a la parte del salario que actualmente no cotiza, y que pagarán de forma íntegra las empresas. También se recoge el “régimen dual del periodo de cómputo”, es decir, los años que tiene en cuenta la Seguridad Social para el cálculo de la pensión inicial.
El MEI, otro de los asuntos clave de la reforma
Una propuesta que incluye la entrada en vigor desde el pasado 1 de enero del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un tributo que busca reforzar el sistema de pensiones en el largo plazo con una cotización adicional aportada por los trabajadores mensualmente, y se mantendrá vigente hasta el año 2032. Su puesta en marcha supone un incremento en la cotización de 0,6 puntos y que aumentará progresivamente hasta 1,2 puntos en el año 2029.
Este aumento afectará tanto a los trabajadores, como a las empresas, siendo las personas jurídicas las que asumirán un mayor coste, hasta el 90% (un 0,5% correrá a cuenta de la empresa y el 0,1% restante del trabajador). Se trata de un mecanismo que suple al denominado Factor de Sostenibilidad y, a diferencia del anterior, el MEI recaerá sobre los ingresos y no sobre las prestaciones como lo hacía su antecesor. Sin embargo, el mecanismo no es la única novedad de la propuesta del ministerio.
Cobertura de lagunas y reducción de la brecha de género
La nueva reforma pretende reforzar la cobertura de lagunas de cotización, es decir, hace referencia a aquellos años en los que el trabajador no cotiza o bien porque se encuentre en situación de desempleo, o bien se retire del mercado laboral. En esos casos, la Seguridad Social aplica la base mínima de cotización en los primeros cuatro años.
Las mujeres percibirán el 100% de la base mínima durante los primeros cinco años, aunque ese porcentaje se reduce hasta el 80% en los años siguientes. En lo que respecta a la reducción de la brecha de género, tendrá un incremento del 10% adicional a la revalorización anual durante el bienio 2024-2025.
Vinculación de las pensiones mínimas con la renta media de los hogares
Con la nueva propuesta, el Gobierno pretende establecer una convergencia entre las pensiones mínimas y la renta media de los hogares, independientemente si son pensiones contributivas o no contributivas. De esta manera, pretenden llevar a cabo una iniciativa muy parecida a la que se trató con la última reforma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y con la evolución de las pensiones no contributivas, que aumentarán hasta 2027 para alcanzar el 75% del umbral de la pobreza para hogares unipersonales.