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Política

Un magistrado emérito hace polvo a los jueces: “España está en riesgo de convertirse en un Estado torcido, no de Derecho”

El magistrado emérito Javier Borrego alerta sobre la deriva jurídica en España y critica la actuación del fiscal general del Estado, advirtiendo que el país corre el riesgo de perder su esencia como Estado de Derecho.

Javier Borrego
Sociedad Civil Ahora

La independencia judicial y el respeto a las normas democráticas están en entredicho. Así lo ha advertido Javier Borrego, magistrado emérito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, quien ha lanzado una dura crítica sobre el rumbo que España está tomando en materia judicial y política. Según Borrego, el país se enfrenta a una deriva preocupante que ha puesto en jaque los principios fundamentales del Estado de Derecho.

En una entrevista con Economist & Jurist, Borrego ha cargado con firmeza contra lo que considera una instrumentalización de las instituciones, advirtiendo que “el Derecho está perdiendo su norte, su rectitud” y que España corre el riesgo de convertirse en “un Estado torcido”. Sus declaraciones no solo se han centrado en el poder judicial, sino también en la actuación del Gobierno y la fiscalía, a los que acusa de estar dinamitando las bases democráticas.

“El fiscal general actuó como un presunto delincuente”

Uno de los puntos más críticos del discurso de Borrego ha ido directamente dirigido contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya reciente comparecencia ante el Tribunal Supremo generó una gran polémica.

“Una persona que entra por la puerta de autoridades y se sienta en estrados, debe comportarse con elegancia. Sin embargo, no contestó al magistrado instructor y, encima, lo acusó casi de lawfare o de prevaricación, lo que dijo exactamente fue que tenía definida la línea de actuación”, denuncia el magistrado emérito.

Borrego, quien carga en su espalda cerca de 50 años sirviendo al Estado, sostiene que García Ortiz “tendría que haber dimitido hace mucho tiempo” y que su situación, al estar investigado por un presunto delito de revelación de secretos, daña la imagen de España en el extranjero. “Me consta que en Europa, donde me manejo, e incluso en algún centro americano, se hacen cruces con lo que está pasando”, señala.

La excepcionalidad se ha convertido en la norma

El magistrado también ha criticado duramente la proliferación de los decretos-leyes y el uso recurrente de las proposiciones de ley, prácticas que, según él, desvirtúan el proceso legislativo. “La normalidad legislativa se hace por proyectos de ley que emanan del Gobierno y que llevan los trámites que dice la Ley 50/1997. Sin embargo, la excepcionalidad de los decretos-leyes se ha convertido en la norma general”, denuncia.

Uno de los ejemplos que menciona es la reciente aprobación del Decreto-ley Ómnibus. “Se ha troceado y reciclado un texto que ya había sido rechazado. La Constitución dice literalmente que en casos de extraordinaria y urgente necesidad se puede publicar un Decreto-ley (artículo 86). ¿Acaso era de extraordinaria y urgente necesidad dar un palacete de París al PNV?”, ironiza.

“El Constitucional se está extralimitando”

El Tribunal Constitucional también ha sido objeto de sus críticas, especialmente por su decisión de admitir el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la anulación de su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada. “El Constitucional tiene una función definida y el Tribunal Supremo otra. Si empieza a meterse en competencias ajenas, ya nos volvemos todos locos”, sentencia.

También se ha mostrado tajante respecto a la recusación del magistrado José María Macías en la Ley de Amnistía, calificándola de “maniobra política” para modificar el equilibrio de fuerzas en el tribunal. “Si ahora hay siete magistrados de un lado y cinco de otro, y uno se abstiene, al final será el presidente quien incline la votación. Esto no es justicia, es estrategia política”, denuncia Borrego.

Sobre la Ley de Amnistía, Borrego lamenta que “todo el mundo esté pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Comisión Europea o de la Comisión de Venecia”. A su juicio, España no puede depender constantemente de instancias internacionales para resolver conflictos internos. “Ya está bien de considerar a Europa como el primo de Zumosol. Nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros mismos en primer lugar”, afirma.

“Si perdemos el Derecho, mala cosa”

Para Borrego, el principal problema es que se están vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho. “Las proposiciones de ley deben ser la excepción, pero se han convertido en la regla general. Los decretos-leyes están sujetos a unas condiciones muy concretas que no se están cumpliendo”, advierte. “Todo esto no se ajusta al Derecho. Y si perdemos el Derecho, mala cosa”.

El magistrado hace un llamamiento a la sociedad para que reaccione ante esta situación y defienda las instituciones democráticas.

“John F. Kennedy dijo: ‘No os preguntéis qué puede hacer el Estado por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por el Estado’. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar dentro de sus posibilidades”, concluye, citando el poema Libertad de expresión de Vladímir Mayakovski como un recordatorio de la importancia de denunciar las injusticias y defender la verdad.

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