Renfe se revuelve contra la ley que le fuerza a recuperar la indemnización por retraso de más de 15 minutos en el AVE
La empresa pública buscará la forma legal de evitar pagar esas demoras y lamenta que la ley no se aplique a Iryo y Ouigo.
Renfe buscará la forma legal de evitar el reembolso de los billetes de alta velocidad si el retraso supera los 15 minutos, una normativa impulsada por la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada este jueves en el Congreso. En realidad, esa política de indemnizaciones existía hasta el año pasado, cuando el Ministerio de Transportes la modificó para que, en caso de tener que pagar al viajero, se necesitara una demora del tren más larga. Ahora, una enmienda de ley impulsada por el PP, y con el apoyo de ERC, Junts y Podemos, pretende devolver la anterior política y el dinero a los usuarios de Renfe que tengan que esperar más de 15 minutos de la salida original del viaje.
La enmienda explica que “el Gobierno recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024″. Además, se garantizarán de nuevo “indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 y del 100% del importe respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia”. El Gobierno hará lo posible para frenar la enmienda que afectará a Renfe (empresa pública) y que cree que la pondrá en desventaja competitiva frente a Iryo y Ouigo, compañías ferroviarias que operan en nuestro país y a las que no aplicaría la ley.
La normativa vigente obliga a Renfe a devolver el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity si el retraso es de más de 90 minutos (antes era de 30 minutos), y el 50% si la demora supera los 60 minutos (15 minutos antes). Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la enmienda es “una operación demagógica y un brindis al sol populista” que no afectará positivamente a los usuarios, porque solo atañe a Renfe y no a las demás compañías.
Cristina López Zamora, diputada del PSOE en el Congreso, explicó en el hemiciclo que Renfe “castiga a lo público, obligando a indemnizaciones que no se exigen a los competidores”. Mientras que la respuesta del PP, en boca de la diputada Ana Martínez Labella, es clara: “La puntualidad también es un derecho” y el sistema ferroviario de España está “sumido en un caos”.
De esta forma, Transportes asegura que si se quiere regular “de forma seria” las demoras en los trenes de España, se debería obligar a todas las empresas, aunque creen que eso podría ocasionar “una subida de precios para pagar las multas”.
Según recoge Cinco Días, Renfe cambió el año pasado su política de indemnización durante una crisis operativa y tras la entrada en el mercado de Iryo y Ouigo, compañías de competitivas que provocaron una guerra de precios muy perjudicial para Renfe. De hecho, las indemnizaciones por demoras alcanzaron los 42 millones de euros en 2023, y se pagan sin importar la causa del retraso.
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