¿Qué está pasando en Doñana, qué dice la Ley de Regadío y cuál es la postura de la UE?
El Parlamento Andaluz admitió a trámite una proposición de ley que regularizaría la situación de las fincas ilegales de la zona y aumentaría los terrenos de regadío.
El Parque Natural de Doñana está siendo el escenario de una vívida polémica en la arena política. Se desató cuando el Parlamento Andaluz aprobó comenzar a tramitar una proposición de ley que recalificaría numerosas hectáreas de la zona. El objetivo de esta iniciativa es regularizar la situación de las muchas fincas con cultivos ilegales, que debido a las restricciones de las normas de preservación del entorno no han podido conseguir permisos de explotación en los últimos años.
La división en torno a la cuestión del campo no es nueva. Ya en las últimas elecciones andaluzas, PP y Vox se disputaron el voto rural situándose del lado de los agricultores que exigían una mayor laxitud legislativa para poder estandarizar la explotación de áreas donde haya terrenos en el limbo legal. Sin embargo, el bloque de la izquierda remó decididamente en el sentido contrario. Esgrimiendo argumentos medioambientales sobre los peligros que tendría para Doñana la llegada en masa de nuevos agricultores, consumaron la fractura en torno a uno de los temas más candentes en la región.
La cuestión de fondo es la búsqueda de equilibrio entre las normativas de protección de los entornos naturales y los incentivos al sector agrícola, de gran preeminencia en la economía del lugar. La colisión ha sido tan sonora que incluso ha llamado la atención de Europa. La Comisión de la UE manifestó estar “preocupada por las repercusiones que tendría la legislación propuesta en caso de prosperar”. El problema no es tanto de espacio como de utilización de recursos. En concreto, en lo referente a uno que, en los secos y calurosos campos andaluces, es un bien escaso. El agua.
Polémica en Europa
El miedo de los que se oponen a la regularización de los cultivos ilegales de la zona está fundamentado en varios razonamientos. Por un lado, sentar este precedente podría causar un efecto llamada que acabara sobrepoblando la zona, con los efectos negativos que esto podría tener sobre el delicado equilibrio del entorno del parque. También existe el temor de que esta presión añadida sobre el área de Doñana provocara que se acabara desviando el agua de la reserva para mantener los cultivos, lo que también desestabilizaría el ecosistema.
No obstante, Juanma Moreno ha tratado de guarecerse de los dardos que vuelan en una y otra dirección. Aunque ha defendido el ánimo general de la propuesta, argumentando que se trata de una ayuda a los profesionales del campo, también ha puntualizado que el texto no ha salido del gobierno sino de los grupos parlamentarios. Además, ha recordado que esta legislación todavía está abierta a enmiendas y propuestas de reforma, y ha instado a la oposición a plantear las objeciones que vean oportunas.
En medio del terremoto, el ejecutivo autonómico está ahora en contacto con Bruselas para debatir con la comisión cuáles son los puntos de las nuevas medidas que no cumplirían con los estándares comunitarios. En cualquier caso, el presidente de la Junta, queriendo dar imagen conciliadora, declaró estar completamente abierto a adaptar sus políticas a las exigencias planteadas por la UE. Aun así, parece que los ataques y contraataques en torno a esta disyuntiva seguirán sucediéndose durante bastante tiempo.