¿Qué es la disciplina de partido y por qué todos los diputados de un partido siempre votan lo mismo?

Lo habitual en el Congreso de los Diputados es que los votos sean en bloque. Es decir, en lugar de hacer la decisión cada diputado, se consensua una postura colectiva que debe ser defendida al unísono por todo el grupo parlamentario. Esto se conoce como la disciplina de voto, y es el principio vertebrador de la disciplina militante en nuestro sistema de representación bicameral. No obstante, no siempre se cumple. La historia reciente está llena de versos sueltos.

Uno de los más célebres -aunque a nivel autonómico y no nacional- fue el Tamayazo. Dos diputados socialistas saltaron de su trinchera y le entregaron a Esperanza Aguirre la llave para gobernar la Comunidad de Madrid. Otros ejemplos son Celia Villalobos, del PP, votando a favor del matrimonio homosexual o Adolfo Suárez Illana, también del PP, votando en contra de retirarle las condecoraciones al torturador franquista “Billy El Niño”.

Pero hay que puntualizar una cosa que, a lo mejor, no es conocida por todo el mundo. La disciplina de voto no está regulada por ninguna ley estatal o regional. Ni siquiera por los reglamentos parlamentarios. Son directrices internas establecidas por los propios partidos. Aunque, por mucho que no se trate de una cuestión legal, saltarse la línea oficial puede acarrear graves consecuencias para el perpetrador. Las penalizaciones establecidas varían dependiendo del grupo.

Bloques unitarios

Los socialistas y los populares establecen represalias parecidas en estos supuestos. Normalmente, se opta por la imposición de una multa monetaria que, en el caso de los conservadores, oscila entre los 500 y los 700 euros, y, en el caso de los progresistas, se suele fijar en torno a los 600 euros. En casos de excepcional gravedad, las agrupaciones se reservan el derecho a expulsar a uno de sus miembros, pero legalmente no pueden obligarlo a renunciar al acta.

La línea seguida por Podemos era incluso más restrictiva. Sus afiliados que ostentaran cargos públicos en corporaciones a cualquier nivel, desde lo municipal a lo nacional, debían seguir siempre las pautas marcadas meticulosamente por la dirección del partido. Negarse a alinearse con estos principios se castigaba con el pago de entre 500 y 1000 euros, que no es poca cosa. Porque los partidos, a pesar de que no tienen medios legales para imponer su criterio, tratan de blindar dirección de sus bloques lo máximo posible para evitar sorpresas desagradables. Y, a pesar de todo, lo inesperado siempre llega. Así es la política.