Qué es la alta traición, el delito que Junts pide incluir en la ley de amnistía

Junts tumbó la ley de amnistía después de que no prosperasen sus enmiendas en el Congreso, y de que el PSOE no accediese a su ultimátum de incluir en la ley todos los delitos de terrorismo y alta traición. Una línea roja que los socialistas no estaban dispuestos a traspasar, pese al reclamo de los independentistas por una amnistía “íntegra”.

Tras la votación, la ley regresa de nuevo a la Comisión de Justicia, donde ambos partidos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar un nuevo texto o, de lo contrario, se tumbe de forma definitiva una ley que era la clave de bóveda del pacto de investidura que Junts y PSOE cerraron en Bruselas el pasado noviembre. La exigencia del partido independentista llega después de que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogara por seis meses la instrucción del ‘caso Volhov’, la trama rusa del procés.

En cuanto al delito de alta traición, se trata de un acto considerado de extrema deslealtad respecto de un país y/o de su jefe de Estado. Así se recoge en el Título XXIII del Libro II del Código Penal, “de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”, en concreto, en su artículo 584, que contempla penas de prisión de hasta 12 años.

Cómo se castiga la alta traición en el Código Penal

“El español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años”. En el capítulo II, de Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado también quedan explícitas las consecuencias en el artículo 589.

“El que publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus Leyes o provoque su incumplimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”. Dentro del ‘caso Volhov’, también están implicados el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní.

Caso Volhov, marco en el que se investiga el presunto delito

Fue en el año 2020 cuando se inició la investigación que puso en marcha la Guardia Civil a finales del mes de octubre, para investigar en varias localidades españolas indicios de supuestas conexiones de dirigentes independentistas catalanes con Rusia. En el marco de esta investigación, se intervinieron hasta 18 teléfonos móviles vinculados con el caso. Según El País, el juez incide en que “se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España buscar alianzas con Rusia”.

De las pesquisas realizadas, se revelaron contactos entre altos cargos políticos de Cataluña, con representantes del Kremlin En un primer momento, fueron detenidas 21 personas, entre ellas, empresarios catalanes, regidores y responsables de entidades de diversa índole. El juez Aguirre ha ampliado tanto el tiempo de investigación como el del secreto de sumario. Este considera probado en su auto que Rusia “tenía interés en el ‘procés’ con la intención de desestabilizar la Unión Europea”.

A su vez, consideró probada la existencia del intercambio de mensajes entre el abogado que defendió a Puigdemont, Gonzalo Boye, y Alay, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, que demostrarían “sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”. Un auto que terminó por decantar la balanza a favor del no a la ley de amnistía, ante la negativa del PSOE a incluir el amparo de este delito y del de terrorismo.