Ocho vocales del CGPJ piden un pleno extraordinario para rechazar la ley de amnistía
El Consejo General del Poder Judicial expresa su absoluta preocupación ante una medida que, según explican, causa la “abolición del Estado de Derecho”.
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el procés. La consideran una “medida de abolición del Estado de Derecho” que “violenta la Constitución”.
Los consejeros que se han opuesto a esta ley son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, todos nombrados a propuesta del Partido Popular.
Según fuentes del CGPJ, está previsto que registren la petición este jueves y que el Pleno se celebre el próximo lunes. La fecha exacta dependerá de la decisión que adopte el presidente del órgano de gobierno de los jueces ante esta solicitud.
Propuesta de declaración institucional
Los vocales solicitantes han hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, que esperan que respalde el pleno del órgano. En este escrito, aseguran que esta ley “inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España” y que convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica “en una quimera”.
Además, en el documento planteado, se denuncia que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, justifique la amnistía como una medida por el “interés de España”, cuando realmente busca impedir un eventual gobierno de partidos de derecha y, de esta manera, “mantenerse en el Gobierno”. Aseguran que se está confundiendo el interés general del país con el interés individualista del líder del PSOE.
En el escrito subrayan que el CGPJ “ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos durante el 1 de octubre de 2017″. Por lo que no se trata de una situación de ahora, sino que es una inquietud que lleva latente desde que se comenzó a hablar de una posible amnistía hace semanas.
En este contexto, la propuesta de declaración subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho. Explican que el hecho de que los políticos responsables queden exentos de sus delitos no hace más que convertir al Estado en un “objeto de mercadeo al servicio del interés personal”.