Milei aprueba una ley para reprimir las protestas: “Si se toma la calle...”
Entre las medidas anunciadas, se encuentran sanciones para quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; registro de organizaciones implicadas; prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas...
Patricia Bullrich, excandidata presidencial que se ha integrado en el ejecutivo del ultraliberal, Javier Milei, ha anunciado recientemente un nuevo “protocolo para el mantenimiento del orden público” que tiene como medida principal “la prohibición de los cortes y bloqueos de vías de circulación durante las manifestaciones”.
“Es el momento de acabar con esta metodología que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto y una falta de cumplimiento de la ley. Si se toma la calle, habrá consecuencias”, ha resumido de manera contundente la nueva ministra de Seguridad argentina.
Medidas
Entre las medidas proclamadas, se encuentran sanciones para quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; registro de organizaciones implicadas; prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas; y notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencia temporal.
También, el pago de los costes que implique el despliegue de las fuerzas de seguridad por parte de las organizaciones convocantes. Durante el 2023, hubo cerca de 8.000 cortes de vías públicas por toda Argentina, mayoritariamente en Buenos Aires, una cifra menor que el año anterior, según datos de la consultora Diagnóstico Político.
Similitudes con la “ley mordaza”
Una medida similar a la “ley mordaza”, también conocida como Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en marzo del año 2015, del Gobierno de Mariano Rajoy. Su aprobación y entrada en vigencia fue complementada con reformas en el Código Penal y en el Código Civil.
En el desarrollo del texto de la ley se enumeran las autoridades que tienen competencia en la preservación de la seguridad pública. A todas ellas, se les atribuye el poder de dictar órdenes y prohibiciones y disponer de actuaciones policiales que estimen necesarias para preservar el orden y la seguridad.
En esta nómina figuran desde el Ministro del Interior hasta los Subdelegados del Gobierno en las Provincias. En el interior de la misma, se define también un listado de conductas que se consideran infracciones, las cuales pueden ser leves, graves o muy graves, y establecen las sanciones administrativas correspondientes.
Reacción de ‘la izquierda’
Esta decisión -que Bullrich ya intentó aplicar bajo el gobierno de Mauricio Macri, pero no salió adelante- se ha tomado en un delicado panorama social y económico en Argentina, donde cerca del 45% de la población es pobre y donde el Ejecutivo acaba de lanzar duras medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160,9% interanual.
Los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas de izquierda, como Unidad Piquetera, Polo Obrero o el Frente de Izquierda, han calificado esto de “ilegal” y “anticonstitucional” y han convocado movilizaciones para el próximo 19 y 20 de diciembre, con motivo del aniversario de la revuelta que en el año 2001 culminó con la renuncia de Fernando de la Rúa. La protesta de este final de año también se ha configurado como una expresión de rechazo hacia Milei.