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POLÍTICA

Las comunidades en las que es obligatorio el uso de mascarillas

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la imposición del cubrebocas en los centros sanitarios de todo el país. Farmacias y residencias quedan fuera de la norma.

Un hombre se pone la mascarilla en las inmediaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 10 de enero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). El ministerio de Sanidad ha implantado a partir de hoy, el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios, una vez que se comunique a las comunidades autónomas. El uso obligatorio de la mascarilla es una orden notificada que no tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar este pasado lunes, 8 de enero. La mascarilla no es obligatoria en centros sociosanitarios y farmacias.
10 ENERO 2024;MASCARILLAS;SANIDAD;OBLIGATORIO;VIRUS;CENTROS SANITARIOS;HOSPITALES
Adrián Irago / Europa Press
10/01/2024
Adrián IragoEuropa Press

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este miércoles la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros de salud y hospitales de toda España, con una excepción: las comunidades podrán convertir la norma en “recomendación” si registran dos semanas consecutivas de descenso de casos de virus respiratorios. Quedan fuera de la norma residencias y farmacias.

De esta forma, Sanidad intenta dar “flexibilidad” a la norma tras el descontento de muchos gobiernos autonómicos, reacios a imponer la mascarilla en sus centros sanitarios. Solo Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Aragón (primero las impuso a sanitarios y las ha extendido a las salas de espera), Canarias y Asturias establecieron la obligatoriedad del cubrebocas antes de que el Gobierno central diese el golpe sobre la mesa.

País Vasco ya ha anunciado que buscará medidas legales para frenarla, pues considera que el Ejecutivo está invadiendo sus competencias. Incluso las comunidades que están de acuerdo con la norma critican la gestión del Ministerio y lamentan que no se hayan seguido los procedimientos habituales, es decir, una reunión de la Ponencia de Alertas y de la Comisión de Salud Pública.

Según la ministra de Sanidad, Mónica García, la medida persigue dos objetivos: coordinar las políticas de salud pública en toda España y dar cobertura a las comunidades que ya habían establecido el uso obligatorio de la mascarilla. “Se trata de una medida de sentido común que hemos aprendido de la pandemia para proteger a los más vulnerables y a nuestros profesionales sanitarios”, ha indicado la ministra.

Para sacar adelante la medida, el Ministerio ha recurrido a la declaración de actuaciones coordinadas del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Así, la norma se publicará a través de una orden ministerial y no necesitará aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El documento también incluye “la recomendación del uso de mascarillas en las farmacias” y el consejo de “intensificar la comunicación con respecto de las campañas de vacunación” y de la “modificación de las recomendaciones de ventilación, que es una medida prioritaria para contener estos picos” Además, se ha eliminado el punto sobre los planes de contingencia

Las posturas de las comunidades autónomas

Es aquí donde comienza el alboroto. Algunas comunidades, como Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, critican la “imposición” de Sanidad, que consideran que llega “tarde y mal”. Andalucía, por ejemplo, asegura que acatará la norma, pero no le han gustado “las formas” ni la “improvisación” del Ministerio. La Comunidad de Madrid piensa lo mismo.

García ha pedido a las autonomías gobernadas por el PP que se aclaren sobre la obligatoriedad de la mascarilla y le ha recordado que sus comunidades “han incurrido en contradicciones”, ya que algunas han estado entre las primeras en implantar la medida, “al ver su situación epidemiológica”. La ministra se ha referido así a la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, que estuvieron entre las primeras comunidades en implantar la medida.