El Gobierno de Ayuso confirma la aplicación de los ‘protocolos de la vergüenza’ durante la pandemia

La Cadena Ser ha tenido acceso a las 11 actas de las inspecciones sanitarias realizadas por la Consejería de Sanidad en la que se confirma que el 76% de los residentes que fallecieron a causa de la COVID-19 entre marzo y abril de 2020 murieron en las propias residencias sin ser trasladados a los hospitales.

Las actas certifican que fueron muy pocas las inspecciones en los peores meses de la pandemia. Los técnicos solo visitaron 11 residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas de COVID o síntomas compatibles solo fueron 185. De ellos, solo 141 murieron en los geriátricos y solo 44 fueron derivados a los hospitales.

7.291 fallecidos en residencias durante la pandemia

Sin embargo, este número no refleja la cruda realidad que se vivió en las residencias durante los meses de confinamiento. La Comunidad de Madrid confirma solo la muerte de 185 residentes que tenían síntomas compatibles o test positivos por COVID, pero durante la pandemia hubo 7.291 fallecidos en las residencias, que la Comunidad de Madrid no contabiliza en sus actas al no tener esas pruebas.

Hay que recordar que el Gobierno de Ayuso aprobó en marzo de 2020 los denominados “protocolos de la vergüenza”, que impedían el traslado a los hospitales de los mayores de las residencias enfermos de COVID. Lo que viene a confirmar las actas de la Consejería de Sanidad es que a pesar de saber que había residentes con síntomas de COVID o incluso con test positivo, desde el Ejecutivo se aplicaron estos protocolos y no llevaron a los enfermos a ser tratados en hospitales.

Tres días en trasladar los cadáveres a las funerarias

La información de la Ser explica que según consta en las actas la situación más trágica se vivió en una residencia donde hubo 49 muertos en poco más de un mes, de los cuales 46 fallecieron en el propio centro y solo tres fueron derivados a un hospital. Los informes también indican que hubo cadáveres que tardaron tres días en ser trasladados a la funeraria.

En algunos casos, la dirección de una residencia tuvo que pedir a los bomberos que procedieran a la retirada del cuerpo y avisó también a la Guardia Civil y a la Dirección General del Mayor.

Falta de protección del personal

Asimismo, las actas del Gobierno regional revelan la grave falta de medios de protección para el personal y los residencias. Trabajaron con mascarillas sin homologar, utilizaron gorros y batas hechas con bolsas de plástico o las gafas y viseras fueron confeccionadas por voluntarios.

Por último, la desprotección hacia los trabajadores de las residencias también se ve en que según las actas no se les realizó ningún test de detección en los peores meses de la pandemia y los pocos test rápidos que había se usaron para los propios residentes. Además, la pandemia evidenció la falta de personal que existe en estos centros comunitarios, ya que alguno solo disponía de una enfermera para tres plantas y de un médico si éste no estaba de baja por COVID.

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