La Junta Electoral estudia un gran cambio en el voto por correo

La resaca del 28M todavía se nota, al menos en algunas cosas. Es cierto que los efectos de las últimas elecciones se han diluido de alguna forma después de la sorpresiva decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones no ya anticipadas, sino anticipadísimas. En menos de dos meses volverá a haber mesas electorales desplegadas por todo el país, y los ciudadanos tendrán que volver a reflexionar largo y tendido sobre el sentido de su voto.

Dejó estampas ciertamente preocupantes el proceso anterior. El más sonado, en Melilla, donde se estuvo investigando una supuesta trama de compra de votos por correo con el fin de alterar el resultado de los comicios. No obstante, ante las sospechas, la Junta Electoral fue rauda en desplegar su paraguas, garantizando la limpieza de la votación y la tranquilidad de los vecinos melillenses. La principal medida extraordinaria fue exigir el DNI a todos aquellos que acudieron a entregar su voto por correo.

Normalmente, este documento no se pedía en el momento de depositar el sobre en la oficina. Sin embargo, el aumento completamente anómalo y exponencial del número de ciudadanos que solicitaron esta modalidad de escrutinio en la región hizo saltar todas las alarmas. No obstante, parece evidente que, en términos generales, la limpieza se salvaguardó gracias a la rapidez en la actualización de los requisitos. El empeño de la Junta Electoral es ahora actuar dos pasos por delante y abortar inmediatamente cualquier tentativa de adulterar el ejercicio democrático.

Garantizar la integridad

Vaya por delante que ningún partido, asociación o institución ha hecho petición formal alguna en este sentido. Ha sido la propia Junta Electoral la que, con antelación, ha comenzado a explorar todas las opciones y posibilidades de cara a blindar la pureza del escrutinio. Se valora seriamente universalizar la medida de exigir el DNI para todos los que quieran votar por correo en el país -y no solo en el territorio melillense, como en el 28M-.

En el escenario contemplado, se le pediría un documento de identificación al votante tanto en el momento en el que se le hace entrega de todas las listas electorales como en el que acude a la oficina de Correos para entregar su voto. De esta forma, la suplantación de identidad sería virtualmente imposible, y ya no habría ningún motivo para sospechar sobre la veracidad de los resultados finales.