El Supremo condena al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por revelación de secretos
Debe pagar las costas de la defensa de González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y, como responsabilidad civil, deberá indemnizar al empresario con 10.000 euros por daños morales.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado de España, ha sido condenado a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por revelación de secretos. Así lo ha comunicado el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos además de la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años.
En la sentencia, además, deberá pagar las costas de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, en cuanto a responsabilidad civil, deberá indemnizar al empresario con 10.000 euros por daños morales.
En la misma sentencia se especifica que se le absuelve del resto de delitos de los que era acusado, como el de prevaricación y omisión del deber de custodia de documentos.
Lo que dice la ley
El artículo 18.1 de la Constitución Española: Protege contra la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, y establece el secreto de las comunicaciones, garantizando el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Artículo 197 del Código Penal: Establece que será castigado con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses quien, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apodere de sus documentos, intercepte sus comunicaciones o utilice aparatos técnicos de escucha o grabación sin su consentimiento.
La sentencia del Supremo llega tras el juicio celebrado desde el 3 de noviembre hasta el pasado 13 de noviembre, donde declararon 40 testigos, entre otros, Alberto González Amador; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de EL PAÍS.
El foco de la investigación estribaba en un correo electrónico al que varios periodistas tuvieron acceso, afirmando que no fue el fiscal general quien se lo hizo llegar; todos se acogieron al secreto profesional para no revelar su fuente. Entre ellos, Miguel Ángel Campos, el redactor de la Cadena SER que dio la primera noticia sobre el correo filtrado (fechado el 2 de febrero), que aseguró que accedió a su contenido al mediodía el 13 de marzo, pero que su fuente le prohibió publicarlo y solo le dio permiso una vez que El Mundo había difundido la versión que Miguel Ángel Rodríguez preparó. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
“Tenemos la obligación de acatar la sentencia, aunque no la compartimos”
Las reacciones han llegado desde el ámbito político. Por parte del Gobierno, ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien habló al respecto, quien manifestó que el Ejecutivo “siempre ha creído en la inocencia” de García Ortiz. “Tenemos la obligación de acatar la sentencia, aunque no la compartimos”, dijo.
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A su vez, quiso trasladar un mensaje para aquellas personas que no comparten la sentencia del Alto Tribunal sobre el FGE. “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar una desconfianza en la justicia. España es un Estado de derecho, y hay recursos para los que discrepan de una sentencia”.
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