El “megadecreto” de Milei para desregularizar la economía: ¿cuáles son sus puntos clave?
El DNU, compuesto por 366 artículos, tiene como objetivo principal “destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor”.
El presidente Javier Milei anunció un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca transformar radicalmente la economía de Argentina, eliminando numerosas leyes y normativas para desregular y permitir la privatización de empresas públicas. Este movimiento, que ha desencadenado reacciones polarizadas, plantea preguntas sobre el futuro económico y social del país.
El DNU, compuesto por 366 artículos, tiene como objetivo principal “destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor”. En su primer artículo, declara la “emergencia pública” en varias áreas hasta diciembre de 2025, abarcando lo económico, financiero, fiscal, administrativo, previsional, tarifario, sanitario y social. Este “plan de estabilización de shock” busca cambiar el marco regulatorio de la medicina prepaga, obras sociales, industria prepaga, empresas farmacéuticas, turismo, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras y el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.
Entre las claves más destacadas se encuentran la eliminación de la Ley de Alquileres para liberalizar el mercado inmobiliario, la derogación de leyes que limitaban la propiedad privada y la priorización de proveedores nacionales en compras públicas. Además, se impulsa la privatización de empresas estatales, la modernización laboral, la facilitación del comercio internacional y la apertura a competidores extranjeros en sectores como internet satelital. También se anuncian reformas laborales destinadas a “facilitar el proceso de generación de empleo genuino”. Este enfoque radical ha llevado a un rechazo significativo por parte de sindicatos y organizaciones laborales.
Descontento en diferentes sectores
Las respuestas al DNU han sido diversas. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato de Argentina, lo ha calificado como “ilegítimo” y ha expresado la posibilidad de convocar un paro o movilizaciones. La Asociación Bancaria, sindicato de trabajadores bancarios, ha manifestado un rechazo total, declarándose en estado de alerta y movilización.
Héctor Daer, secretario general de la CGT, ha destacado que la norma pasa por encima de la Constitución y los valores institucionales del país. La Asociación Bancaria, por su parte, ha repudiado enérgicamente el DNU, considerándolo un “brutal y salvaje ajuste” que va en perjuicio del pueblo y los trabajadores.
Ante la controversia, la CGT ha convocado una reunión para definir acciones, contemplando la posibilidad de un paro y movilizaciones, así como acciones judiciales. El llamamiento a la población para protestar contra el Gobierno indica la posibilidad de una resistencia unificada frente a lo que muchos consideran un ajuste devaluatorio. Mientras tanto, la Asociación Bancaria ha advertido que no permitirá la privatización de bancos públicos, como el Banco Nación, resistiendo la transformación en sociedades anónimas para su venta o liquidación.